Agenda Educativa
La universidad en nuestro continente y país hunde sus raíces en el modelo universitario europeo medieval (siglo XI) y, más tarde, en el modelo napoleónico (siglo XIX). En América, las primeras instituciones datan del siglo XVI: la Universidad de Santo Domingo (1538), con bula papal, y la Real y Pontificia Universidad de México (1551), con cédula real y bula papal, lo que la convierte en la primera universidad con reconocimiento pleno en el continente.
La Real y Pontificia Universidad existió en el país hasta el siglo XIX, cuando Maximiliano de Habsburgo ordenó su clausura por considerarla una institución perniciosa. Fue hasta 1910, gracias a Justo Sierra, que se refundó la Universidad Nacional de México, antecedente de la actual UNAM. En 1929, tras un importante debate y una intensa defensa, la Universidad alcanzó su autonomía, incorporada al artículo 3º constitucional.
Esa conquista estuvo profundamente influida por la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina,de 1918, que planteó la autonomía frente a las injerencias del Estado, la Iglesia y otros intereses. Como sostiene Marsiske (2017), la autonomía implica la capacidad de las universidades para autogobernarse y administrarse libremente, pero también la responsabilidad de servir a la sociedad.
Más de un siglo después, la autonomía de las universidades mexicanas enfrenta nuevos desafíos. Por un lado, los gobiernos han establecido, desde la década de 1990, políticas de financiamiento, evaluación y calidad que han convertido la autonomía en una autonomía vigilada, controlada en lo económico y en lo académico.
Por otro lado, existen grupos de poder internos que utilizan la autonomía como escudo legal para evitar auditorías, resistirse a la transparencia y reproducir prácticas patrimoniales con el fin de conservar o acrecentar su poder, dominio e influencia tanto dentro como fuera de la universidad (léase su relación o medición de fuerzas con el Estado donde se ubican). En este sentido, la universidad se vuelve entonces rehén de su propio discurso.
Frente a ello, ¿qué hacer? Básicamente, atender cada uno de los desafíos. De entrada, garantizar y defender la libertad de pensamiento, la crítica al poder y la pluralidad intelectual. Pero también asumir la responsabilidad social (Ordorika, 2019) que implica administrar recursos públicos, rendir cuentas y someterse al escrutinio ciudadano. De poco sirve defender o reivindicar la autonomía si con ello se protegen los grupos de poder internos. La autonomía universitaria nació como principio de libertad frente al poder político, pero hoy debe también protegerse del poder interno.La universidad pública mexicana necesita una autonomía democrática, abierta a la evaluación y al diálogo social. Una que combine independencia con responsabilidad, y libertad con transparencia. Como ha advertido Ordorika (2016), en diversos momentos, la autonomía solo tiene sentido si preserva la capacidad de la universidad para pensar críticamente el poder y transformarlo. Esta crítica, por supuesto, también debe dirigirse hacia el interior de la propia universidad.
