Por el derecho a existir
Toda forma de violencia deja marcas que no siempre pueden verse, pero se sienten en cada respiración. Laceran la identidad, desgarran la dignidad y erosionan la confianza propia. En muchos hogares, la violencia se administra como un recordatorio de que existir tiene un costo, y ese costo (según quien ejerce el daño) debe ser pagado.
En México, las cifras de asesinatos de mujeres siguen siendo un espejo doloroso de un país que aún no logra garantizarles seguridad. Una parte alarmante de esos crímenes es cometida por quienes antes prometieron amor eterno. Y es que muchas relaciones se mantienen durante años sostenidas en una tensa calma, hecha del silencio, del “mejor no digo nada”, del miedo a incomodar. Cuando ese acuerdo tácito se rompe, lo que emerge no es libertad inmediata, sino una cadena de represalias que, en el mejor de los casos, desemboca en la separación.
La separación no es el final de la violencia. Para muchas personas agresoras, perder la convivencia cotidiana o el vínculo afectivo se siente como una autorización para lastimar. Lo hacen desde los resquicios legales, desde el uso de rumores, desde la manipulación emocional y, en demasiadas ocasiones, desde el espacio más vulnerable: la familia.
Las y los hijos, que deberían ser resguardo y amor, se convierten en herramientas para infligir dolor. No es casual: lastimar a través de quienes se ama es una de las formas más crueles de mantener control.
La idea de que el nivel educativo determina la conducta es una ilusión cómoda. La violencia no distingue grados académicos. Lo que sí cambia es la sutileza con que algunas personas la ejercen. Quien tiene mayor formación puede usarla como ventaja: manipular con un lenguaje más elaborado, sembrar culpa disfrazada de razonamiento lógico, construir narrativas coherentes que invisibilizan el daño real. A esto se pueden sumar otras dinámicas, como la diferencia de edades, que en ocasiones refuerza la idea de autoridad y reduce la capacidad de respuesta de quien es violentada.
El prestigio social también juega un papel determinante. ¿Cuántas veces no hemos dudado de una víctima porque el señalado es un hombre carismático, bien posicionado, alguien que “jamás sería capaz”? Esa credibilidad pública se convierte en un escudo que protege al agresor y aísla a quien denuncia.
La violencia vicaria es un recordatorio de que el daño no siempre se ejerce con golpes. A veces se ejerce con la retención de los menores, con la descalificación constante, con la mentira planeada para destruir credibilidad, con el chantaje emocional. Hablar de esto no solo es urgente: es indispensable. Porque mientras siga ocurriendo en silencio, seguirá ocurriendo impunemente. Y reconocerla es el primer paso para que quienes la viven sepan que no es normal, que no es inevitable, que no están solas.
El agresor puede herir sin tocar y sin pronunciar una sola palabra. A veces, es justo el silencio su arma más afilada, especialmente cuando lo utiliza para retener información sobre las hijas e hijos, dosificando datos como castigo o manipulación. Esa ausencia deliberada, esa omisión calculada, se convierte en una forma de control que lastima tanto como cualquier golpe. Y reconocerlo es indispensable para empezar a desmantelarlo.
En Hidalgo, la violencia vicaria puede denunciarse ante la Fiscalía del Estado llamando al 911. También está el Centro de Justicia para Mujeres, en Av. San Carlos 118, Pachuca, (771) 249 24 00, donde se brinda atención jurídica, psicológica y social. Y cuando el daño involucra ocultamiento, manipulación o afectación directa a niñas, niños o adolescentes, la Procuraduría de Protección del DIF (en Plaza Juárez 118, Pachuca, teléfonos 771 716 8423 y 771 716 8421) puede emitir medidas urgentes para protegerlos.
