Hasta dos años y ocho meses de prisión podrían recibir quienes declaren falsamente ante una autoridad, con conocimiento de la falsedad de los hechos y la intención de perjudicar a personal docente, de acuerdo con una iniciativa presentada por legisladores de Nueva Alianza Hidalgo (PNAH).
La propuesta, impulsada por la diputada Marlen Yareni Trejo Pérez y los diputados José María Alejandro Pérez Ramírez y Jorge Argüelles Salazar, plantea reformar el artículo 313 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, a fin de incrementar en una tercera parte las penas mínimas y máximas por el delito de falsedad ante autoridad cuando se cometa contra trabajadores de la educación.
Actualmente, dicho artículo establece sanciones de tres meses a dos años de prisión. De aprobarse la reforma, la pena pasaría de cuatro meses a dos años y ocho meses. Asimismo, se propone que la reparación de los daños y perjuicios contemple una indemnización de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por concepto de daño moral, además de la publicación de la sentencia correspondiente.
La agravante aplicaría cuando las declaraciones dolosamente falsas tengan como finalidad perjudicar el desempeño o ejercicio de las funciones de docentes, personal técnico-docente, directivo, de supervisión, asesoría técnico-pedagógica o de apoyo y asistencia a la educación, tanto de instituciones públicas como privadas.
Los promoventes aclararon en su exposición de motivos que la intención no es limitar el derecho de madres, padres de familia o cualquier ciudadano a presentar denuncias, quejas o testimonios de buena fe. La sanción agravada estaría dirigida a quienes utilicen deliberadamente información falsa para afectar a un trabajador de la educación, por lo que una denuncia que no prospere no constituiría, por sí misma, motivo para aplicar esta disposición.
Entre los argumentos para impulsar la reforma, los legisladores señalaron que las acusaciones falsas pueden provocar investigaciones administrativas, laborales, civiles o penales injustificadas, además de afectar la reputación profesional, el honor y la dignidad del personal docente, así como ocasionar daños emocionales, psicológicos y patrimoniales.
Como antecedentes, la iniciativa refiere situaciones y propuestas legislativas surgidas en otras entidades del país, entre ellas Querétaro, donde se abrió el debate en torno a la denominada «Ley Tere»; además de acciones legislativas en el Estado de México, Chihuahua, Baja California Sur y Guerrero para sancionar las declaraciones falsas contra trabajadores de la educación.
