Un tribunal guatemalteco dictó este miércoles 18 medidas de resarcimiento a favor de seis mujeres indígenas por la violación sexual sufrida durante el conflicto armado interno a manos de tres paramilitares condenados la semana pasada a 40 años de prisión.
Las medidas fueron impuestas por el Tribunal de Mayor Riesgo ‘B’ del Organismo Judicial guatemalteco tras la sentencia el pasado 30 de mayo en contra de los tres paramilitares, condenados a 40 años de prisión, después de cuatro meses de proceso judicial en su contra.
Entre las 18 «medidas de reparación», como las define la legislación guatemalteca, se encuentra el pago de una indemnización por parte del Estado que no ha sido divulgada para cada una de las seis víctimas de las violaciones sexuales.
De igual manera, se incluyen entre las mismas un acto de disculpas públicas por parte del Gobierno y planes de salud, educación y vivienda para las familias de las seis agraviadas.
El tribunal ordenó en el mismo sentido adjudicar una propiedad de terreno apta para la vivienda y cultivo para cada una de las seis víctimas, en las comunidades donde residen.
La sentencia de 40 años de cárcel fue dictada el pasado 30 de mayo en contra de Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum Ramírez, quienes formaban parte de una patrulla de autodefensa civil organizada por el Ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno.
Los tres sindicados fueron dejados en libertad en 2019 por una jueza por el mismo delito, pero debieron enfrentar un nuevo debate público y oral debido a que la defensa de las víctimas accionó una apelación que fue aceptada por considerar que la liberación de los paramilitares fue arbitraria.
Las violaciones tuvieron lugar entre 1981 y 1983 en el departamento (provincia) de Alta Verapaz, específicamente en el municipio de Rabinal, unos 200 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.
Dicho periodo fue uno de los más sangrientos del conflicto armado interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 y que dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas, la mayoría a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.
