En la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), antes Procuraduría, que les ha dado la espalda por diez años es que este jueves familiares de las víctimas del multiasesinato del caso Narvarte claman justicia.
Ha pasado una década del aquel 31 de julio de 2015, fecha en la que los cadáveres del fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz aparecieron asesinados en un domicilio de la colonia Narvarte.
Patricia Espinosa Becerril, hermana de Rubén, afirma a EFE que ya van tres sexenios y cada uno de ellos ha guardado impunemente este caso en un cajón, y las autoridades han manipulado las evidencias para su beneficio, por lo que ninguna línea de investigación ha sido agotada.
Espinosa Becerril pinta con determinación la palabra “justicia” en las paredes de la fiscalía capitalina y reconoce que el gobierno actual, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es “cómplice” del silencio.
Carta a la presidenta Sheinbaum
Aún así, declara que el 21 de julio mandó una carta a la mandataria para que la atienda a ella y a todas las víctimas que se suman en México, el país más peligroso para ser periodista en Latinoamérica, según Reporteros Sin Fronteras.
“En la carta estamos pidiendo que seamos atendidos, que obviamente se esclarezca el caso. Cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno (de la Ciudad de México) prometió que iba a recibir a las familias, no se cumplió, y le estamos recordando que aquí estamos”, sentencia.
Detrás de la pintada “La 4T (cuarta transformación) es cómplice”, Espinosa Becerril explica que el gobierno mexicano “ni acompaña ni escucha” y tampoco protege a las víctimas.
“Hay dos opciones: tienen miedo a enfrentarse a estos grandes poderes, como el crimen organizado, o finalmente están involucrados”, sostiene tras visibilizar que este caso no ha recibido investigación con la “debida diligencia” y, además, se han “eliminado evidencias”.