El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) no acudió este martes a la audiencia cautelar programada por el caso de trata agravada de personas en su contra, alegando, según su defensa, problemas médicos, por lo que la diligencia fue reprogramada para el 17 de enero y el juez a cargo le dio 48 horas para demostrar su enfermedad.
«Se ha presentado un memorial, adjuntando un certificado médico donde se han presentado diferentes patologías, entre las más importantes está una bronconeumonía, y la médico que ha (valorado su salud) le prescribió que haga reposo absoluto por 5 días. Se ha valorado este certificado como válido», dijo el juez a cargo, Nelson Alberto Rocabado.
El juez dio una conferencia de prensa luego de suspender la audiencia y manifestó que en 48 horas la defensa de Morales deberá presentar pruebas médicas que establezcan la enfermedad del exmandatario.
El exgobernante debe ser sometido a exámenes de neumología y cardiología, además de una prueba de sangre completa, que estarán a cargo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que depende del Ministerio Público.
Durante la presentación de los incidentes procesales, la defensa de Morales alegó este martes que su defendido se encuentra «enfermo» y por tratarse de una persona «de la tercera edad» no pudo viajar desde la zona central del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, hasta la región sureña de Tarija, informaron fuentes del juzgado.
En la víspera, otro de los abogados del exmandatario, Wilfredo Chávez, descartó que Morales asistiría a la audiencia porque según él no fue «notificado».
El juez Rocabado determinó que la audiencia de Morales se realizará el 17 de enero, pero determinó declarar en rebeldía a la madre de la supuesta víctima de Morales, contra quien ordenó que se emita una orden de captura.
Por su parte, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, adelantó que si el expresidente no se presenta a su audiencia el viernes, «tendrá también que ser declarado rebelde».
La Justicia emitió el pasado 16 de octubre una orden de aprehensión contra el exgobernante que la Policía no ha podido cumplir hasta ahora, y el político también cuenta con una alerta migratoria.
Morales es investigado por el delito de trata agravada contra una menor de 15 años, con quien presuntamente tuvo un hijo en 2016, cuando él era presidente de Bolivia.
Recientemente, un tribunal notificó por edicto al también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para que se presente este martes a la audiencia en Tarija, donde se investiga el caso.
Horas antes de instalarse la audiencia, un equipo de bomberos especialistas en explosivos revisaron la sala judicial y la Policía desplegó un contingente para cerrar los alrededores del Tribunal por seguridad.
Algunos ciudadanos llegaron hasta el lugar con carteles en los que se leía mensajes como «Que el pedófilo enfrente su destino ante la Justicia», Nuestras niñas se respetan» y «Justicia para los niños, juicio para el pedófilo», entre otros.
Ante la posible detención de Morales, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre para defenderlo.
En la víspera, un grupo de sus simpatizantes llegó a La Paz después de tres días de caminata para demandar al Gobierno soluciones a la crisis económica, pero además un «alto a la persecución» contra su líder.
La defensa del político ha señalado varias veces que el proceso está «viciado de irregularidades» y considera que es parte de una persecución en su contra para inhabilitar su anunciada candidatura presidencial para las elecciones generales previstas para agosto.
