Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, informó que no se tiene demasiada información sobre el proceso que lleva el ex contralor de Hidalgo César “N”, en los Estados Unidos, luego de que fuera detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), aunque apuntó que está cerca de la primer audiencia en el vecino país del norte, de acuerdo con información proporcionado por la embajada.
Por lo anterior y debido a que no ha sido trasladado a México, el mandatario estatal explicó que se encuentra fuera de jurisdicción, pero enfatizó que una vez que se encuentre en México se procederá conforme a la ley “una vez en territorio nacional se activará todo lo que tenemos como estado para solicitar su captura y puesta a disposición y será juzgado por un juez, y no sabemos si el gobierno federal por esos movimientos irregulares pueda ejercer acciones contra él”.
De igual forma, y referente a las maniobras legales que realiza el despacho de abogados que contrató el ex funcionario del gabinete del gobierno que encabezó Omar Fayad Meneses, Menchaca Salazar expresó “él tendrá derecho como cualquier mexicano de acudir a los amparos, pero hay elementos suficientes en las carpetas para su integraciones, alguna ya se judicializó y están aumentando más carpetas todavía”.
Por otra parte, informó que el proceso de extinción de dominio se ha concretado o está por concretarse conforme a la Ley de Extinción de Dominio con la que se busca recuperar los inmuebles y objetos que fueron obtenidos de manera ilegal y aseveró que en las carpetas se puede vislumbrar que el ex contralor tiene un poder económico basto.
Lo anterior, de acuerdo con la investigación que detonó todo el proceso y que fue realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con la que se detectaron movimientos inusuales de su cuenta personal “no me quiero meter en cuestiones particulares, no me corresponden, será la Procuraduría la que atienda esto”, concluyó Menchaca Salazar.
Cabe destacar que César “N” ha sido señalado en múltiples ocasiones por el gobierno estatal como uno de los principales gestores de la denominada “Estafa Siniestra”, un esquema con el que ex funcionarios del gobierno de Omar Fayad Meneses y presidentes municipales desviaron millones de pesos del erario público.
