Varios centenares de personas se manifestaron este domingo enfrente del Tribunal Supremo español (TS) para protestar contra la inhabilitación durante dos años del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados, pues creen que es una condena «politizada».
Convocados por organizaciones sociales y sindicales, los concentrados gritaron «Vergüenza», «Golpistas con toga» o «Esto es política, no justicia», en alusión al fallo adelantado el jueves pasado por el TS, a la espera de conocerse la sentencia con los argumentos jurídicos de un caso muy polémico y de fuertes implicaciones políticas.
También unas 500 personas se concentraron en el centro de la ciudad de Santiago de Compostela (noroeste) para apoyar al fiscal general, convocados de manera anónima en redes sociales con lemas como ‘Stop al golpe de Estado’ y ‘No a la justicia antidemocrática’, y gritos como «Jueces fascistas».
García Ortiz trabajó en la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela desde 2002 hasta 2020. En 2005 asumió la acusación pública en el caso por el hundimiento del petrolero Prestige, que causó una gran catástrofe medioambiental en las costas de la región de Galicia.
Una condena de «clara intención política»
«Nos preocupa que en este proceso no se haya respetado plenamente la presunción de inocencia y que declaraciones de testigos relevantes para la defensa, con un valor crucial en el juicio, no hayan sido consideradas con la debida atención», según un comunicado de los organizadores de la protesta de Madrid.
El texto, según dijeron, fue escrito por «gente de a pie, demócratas» y sin «siglas, ni banderas, ni partidos, ni plataformas», para solidarizare con el fiscal.
Uno de los participantes, Javier Álvarez, explicó que, aunque él cree que la justicia en España funciona «con cierta normalidad» y es una democracia «potente», en este caso el TS ha actuado «con clara intención política». La condena fue aprobada por cinco de los siete magistrados que lo juzgaron.
También asistió el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien precisamente fue inhabilitado en 2012 durante once años por el TS por un delito de prevaricación con motivo de la investigación del caso de corrupción Gürtel, que afectaba al Partido Popular (conservador).
En declaraciones, Garzón dijo que la pena impuesta a García Ortiz es «injusta» y «arbitraria». Criticó que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos, algo que supone «una revictimización mayor» del fiscal y «un desasosiego» para el sistema democrático.
La decisión del Supremo, opinó, no contribuye a que la gente normal y corriente confíe en la justicia. Personas que «quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo comprensible; y en este caso no lo ha sido», sentenció Garzón.
García Ortiz, que tendrá que ser sustituido por el Gobierno, fue condenado en relación con la difusión de un correo electrónico del abogado del empresario Alberto González Amador que proponía un pacto a la Fiscalía y reconocía dos delitos de evasión de impuestos en busca de una rebaja de la petición de condena.
González Amador es pareja de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dirigente muy relevante de la derecha española y muy crítica con el presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez.
El caso ha servido para alimentar aun más la polarización habitual de la política española entre la izquierda y la derecha y que ha arreciado después de conocerse la condena por vez primera de un fiscal general.
