Agrupaciones indígenas de Guatemala demandaron el martes la liberación de sus líderes Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes se encuentran en prisión preventiva desde abril de 2025 en un proceso judicial muy criticado y que vinculan a las protestas que impulsaron en 2023 para defender los resultados electores que dieron la victoria al actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
En un comunicado leído frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, las autoridades ancestrales, encabezadas por la organización 48 Cantones de Totonicapán, denunciaron la criminalización de sus representantes por parte del Ministerio Público (Fiscalía) que encabeza Consuelo Porras, quien está sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea.
El documento señala que la fiscal general ha «protegido a actores corruptos y criminalizado» a sus «hermanos autoridades indígenas» Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Esteban Toc y Basilio Puac, defensores de derechos humanos que denuncian la «cooptación del sistema de justicia».
La gestión de Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018, ha estado rodeada de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por presuntos actos de corrupción, por encabezar una ofensiva judicial contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su papel en los intentos de bloquear la candidatura y posterior investidura del actual presidente del país.
Pacheco y Chaclán fueron figuras clave en las protestas de 2023 para defender los resultados electorales que dieron la victoria a Arévalo de León. Tras las movilizaciones, la Fiscalía les imputó cargos de terrorismo, entre otros delitos.
A ellos se suman Esteban Toc, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, y Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones, ligados a proceso penal en 2025 y enero de 2026, respectivamente.
La exigencia surge además en medio del proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia jurídica del país centroamericano.
Los líderes indígenas repudiaron que Porras, que finaliza su mandato como fiscal general en mayo, se postule para la Corte de Constitucionalidad, calificándolo como una «bofetada para la dignidad de los Pueblos Indígenas».
La dirigencia indígena advirtió en su pronunciamiento que «la justicia debe estar al servicio del pueblo y no de la impunidad».
