Los empleados públicos de Argentina iniciaron este martes una huelga de 36 horas con una marcha desde el Obelisco de Buenos Aires hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para protestar por los bajos salarios, despidos y políticas de recortes llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el mayor gremio de asalariados públicos del país, convocó la protesta para “evitar que el Estado termine usurpado por los grandes grupos de empresarios”, según un comunicado de este sindicato.
«La gente empieza a tomar conciencia de la estafa. Le mintieron, no había ‘ñoquis’ (empleados públicos que no cumplen tareas) ni un Estado sobredimensionado. Este Gobierno protege y se abraza a la casta”, aseguró el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, dice en la nota.
A esta huelga está previsto que se sumen desde la medianoche del miércoles los trabajadores del transporte aéreo, ferroviario y del metro subterráneo de Buenos Aires, mientras que el jueves lo harán los conductores de autobuses, principalmente del área metropolitana de la capital argentina.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó hoy de «privilegiados» a los trabajadores que participan de la huelga y las protestas, sobre los que dijo que defienden sus propios «beneficios».
“Los que paran son privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar, porque los argentinos de bien no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar”, afirmó el vocero.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, es el responsable de implementar las políticas de recortes y achicar los organismos y empresas publicas puestas en marcha cuando Milei accedió al Gobierno, en diciembre de 2023.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), desde entonces se han eliminado unos 28.500 empleos públicos, lo que supone una reducción de casi el 10 % de la plantilla estatal y que en agosto alcanzaba las 309.849 personas.
En los últimos días, Milei hizo una advertencia a alrededor de 10.000 funcionarios del Estado para que inicien sus trámites de jubilación y anunció que 40.000 empleados con contratos temporales deberán someterse a un examen de idoneidad para poder continuar en su puesto de trabajo.
“Nos quieren evaluar, como si nuestros años en los cargos precarizados no valieran nada, nos intiman a jubilarnos como si ya no sirviéramos, todo mientras congelan nuestros salarios para achicar cada vez más el Estado”, indicó el sindicato en su comunicado.
Fuentes del Ministerio de Desregulación dijeron a EFE que el Gobierno seguirá recortando el gasto público y las plantillas para “respetar el mandato de la sociedad expresado en las urnas el año pasado”.
“La intimación a que se jubilen empleados públicos, que estén en edad de hacerlo y en el proceso de eliminación y reducción de organismos estatales, permitirá poner en disponibilidad a empleados en planta permanente (contratación fija)”, agregaron las fuentes oficiales.
A esta situación de los trabajadores de organismos oficiales se suman los planes de privatización de empresas públicas, donde se esperan eliminar cerca de 100.000 puestos de trabajo en algo más de 40 compañías, ha dicho el propio Javier Milei.
