POR EL DERECHO A EXISTIR
En un breve lapso, Hidalgo se ve envuelto en una espiral de violencia, ejecuciones y desapariciones. Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos desaparecen sin que las autoridades respondan con la urgencia y eficacia que la situación demanda. Las redes sociales se han convertido en la vía de auxilio para muchos, un “ayúdame a compartir la ficha de búsqueda de mi familiar/amigo” se convierte en el primer grito de desesperación de aquellos que no encuentran consuelo ni respuesta.
No es difícil entender por qué la ciudadanía recurre a los demás en busca de apoyo. A menudo, las instituciones públicas, aquellas que deberían velar por nuestra seguridad y bienestar, fallan en cumplir con su responsabilidad. Las desapariciones se multiplican sin que se perciba una estrategia efectiva para erradicar esta situación. Al paso de los días la impunidad y el miedo son lo único que crece.
Las autoridades se muestran inertes, al borde de la indiferencia. Las familias, quienes viven el horror de no saber el paradero de sus seres queridos, se ven obligadas a recorrer hospitales, SEMEFO, barandillas y calles en busca de respuestas. Nadie les dice nada, nadie se compromete a escuchar su dolor. El vacío dejado por la ausencia de su ser querido se agrava con la sensación de abandono institucional. Y cuando finalmente logran acercarse a la justicia, el Ministerio Público, colapsado y desbordado, no ofrece más que trámites burocráticos que no hacen más que alargar su sufrimiento.
Este caos no es solo un reflejo de la sobrecarga en el sistema, sino también de una falta de empatía y compromiso con las víctimas. Las y los jueces, quienes deberían ser el último bastión de defensa para quienes claman justicia, a menudo emiten decisiones que dejan a las personas aún más vulnerables, más expuestas a la violencia. En lugar de buscar la protección y el resguardo de las víctimas, parecen actuar en beneficio de un sistema que ya no cree en la urgencia de la justicia.
Una de las consecuencias, por ejemplo, es la violencia en los hogares, competencia de las autoridades federales, estatales y municipales. Se sigue ignorando como si fuera un tema menor, cuyos alcances pueden ser lamentables, la violencia en los hogares debería ser una prioridad para todo gobierno, más allá de los discursos mezquinos y electoreros.
Este mal silencioso, que golpea a tantas familias, sigue siendo en gran medida ignorado por las instituciones encargadas de proteger a las personas más vulneradas, las que día a día sobreviven en sus propios hogares. Y aquellas que por alguna razón deciden denunciar, pueden quedar más expuestas a la violencia, porque se espera que las autoridades actúen con la rapidez y eficacia que la situación demanda. A pesar de que existen leyes y protocolos, la falta de coordinación y la indolencia institucional perpetúan el sufrimiento de las víctimas, dejando que la violencia siga su curso. La indiferencia ante estos casos refuerza la idea de que, mientras el Estado se desentiende, los agresores tienen el derecho factico de violentar.
El Estado ha fallado en su obligación de proteger, el pacto social se encuentra menguado.
