AGENDA EDUCATIVA
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Ciencias en relación al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Con ello, los litigios y amparos promovidos por investigadores de universidades privadas tendrán que sujetarse a los alcances de esta resolución. Pero, ¿qué representa este fallo para el sector académico y científico, así como para el financiamiento público? Veamos.
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI), fue creado en 1984 para evitar la migración de la comunidad académica y científica de las universidades públicas del país, en un contexto de crisis económica. Desde entonces, ha incorporado a un número creciente de investigadores de distintas ramas del conocimiento. En sus primeros años contaba con mil 396 integrantes; en 1990 llegó a 5 mil 495; en 2000, a 7 mil 466; en 2010, a 16 mil 598 (FCCyT, 2016). Para 2020, la cifra ascendía a 33 mil 110 y actualmente la cifra registra más de 49 mil 716 integrantes (SNI).
El crecimiento del SNI responde a distintas circunstancias: atender la crisis económica del sector científico en los años ochenta, establecer un mecanismo permanente de estímulos económicos ante la caída de los salarios durante los noventa, incorporar al sector privado en la investigación a partir de los años 2000 y fortalecer una política científica nacional durante las siguientes dos décadas.
La participación de investigadores de instituciones privadas en el SNI comenzó entre 2002 y 2004, cuando se precisaron los criterios de elegibilidad para académicos de estas entidades, mediante convenios institucionales específicos (Rodríguez, 2020). Actualmente, de Acuerdo al Padrón del SNI 2026 (segundo trimestre) registra mil 419 investigadores de instituciones privadas, distribuidos en 28 universidades, lo que representa el 2.85% de sus integrantes. Entre las instituciones con mayor presencia destacan el Tecnológico de Monterrey (710), la Universidad Panamericana (156), la Iberoamericana Ciudad de México (113), el ITAM (78) y la UDLAP (80). Algunos especialistas en política científica consideran discriminatorios los criterios vigentes, lo que hace entonces la Corte es abrir un debate basado en evidencias que pasan también por el financiamiento público.
Los datos disponibles no permiten identificar con precisión cuánto se destina a los investigadores de instituciones privadas, por lo que es necesario realizar algunas estimaciones. En 2003, el presupuesto del programa fue de mil 433 millones de pesos; en 2016 alcanzó 3 mil 093 millones (FCCyT, 2016). Para 2025, el financiamiento reportado fue de aproximadamente 8 mil 814 millones de pesos (SECIHTI, 2025). Hasta 2021, los recursos destinados a investigadores de instituciones privadas podían representar alrededor del 5% del presupuesto del sistema, según Carlos Silas (2021).
En suma, el Sistema ha crecido, así como su financiamiento. La incorporación de investigadores de instituciones privadas al sistema de estímulos representa una proporción relativamente pequeña del SNI. Sin embargo, la resolución de la Corte reabre la discusión sobre los criterios de acceso, las alternativas para fortalecer a la comunidad científica y académica y los alcances y límites del financiamiento público a la investigación científica.
