El pleno del Congreso de Perú inhabilitó este miércoles para ejercer cualquier cargo público durante diez años a la suspendida fiscal general peruana, Delia Espinoza, tras aceptar un pedido para reconsiderar una primera votación que no alcanzó los apoyos necesarios para tomar esa medida.
La decisión fue tomada con 71 votos a favor, diecinueve en contra y tres abstenciones, con lo que superó los 68 sufragios necesarios para inhabilitar a Espinoza por una presunta infracción constitucional.
La fiscal general, que había sido suspendida durante seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la Judicatura peruana, tenía a su favor una orden judicial para que fuera reasignada en su cargo, pero esa medida aún no había sido efectiva.
La decisión del Congreso se tomó a pesar de que el tema ya había sido votado horas antes por el pleno, sin lograr el apoyo necesario para una inhabilitación, al sumar solo 63 votos.
Posteriormente, los legisladores aprobaron una moción para reconsiderar esa votación, por lo que se pronunciaron nuevamente, en medio de la controversia generada en el país porque unos quince de los legisladores del actual Congreso fueron denunciados en los últimos meses por Espinoza por diversos delitos.
Previamente, el pleno del poder legislativo también desaforó a Espinoza, al aprobar una acusación constitucional contra la ahora ex fiscal general, para que sea procesada por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones y falsedad genérica, tras haber impulsado investigaciones contra altos funcionarios, a pesar de que el Parlamento entregó esa función a la Policía.
Con la aprobación de la resolución legislativa que ordena la formación de la causa penal, la acusación constitucional contra Espinoza será remitida, precisamente, a la Fiscalía de la Nación para que continúe con el proceso.
Durante su defensa en la sesión plenaria de este miércoles, Espinoza dijo que si el Congreso la inhabilitaba iba a continuar su lucha por retomar el cargo.
«(Buscan) manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha», enfatizó.
La exfiscal agregó que el actual Congreso está «más cómodo» con el fiscal general interino, Tomás Gálvez, quien, según dijo, «ha prometido que no va a ser excesivo» y ahora «no está denunciando a nadie y no está abriendo nuevas investigaciones».
Espinoza ejerció el cargo desde noviembre del año pasado hasta septiembre último, en medio de una crisis interna en el Ministerio Público, desde la suspensión de su antecesora, Patricia Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente haber encabezado una red corrupta al interior del organismo.
