IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
Transparency International, the global coalition against corruption, publicó el artículo “La próxima prueba para la justicia climática”, en el que destaca que una decisión judicial, como la de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), no detiene las consecuencias del aumento del nivel del mar ni impide que las comunidades insulares se vean inundadas, hace un año, la CIJ reafirmó que los países tienen obligaciones legales para tomar medidas contra el cambio climático, una victoria largamente esperada por Vanuatu y otros Estados del Pacífico, que enfrentan impactos como la pérdida de territorios, infraestructura destruida y comunidades en peligro de desaparición.
Aunque esta resolución representa un avance jurídico importante, surge la pregunta de cómo convertir ese reconocimiento en apoyo efectivo para quienes sufren las consecuencias del cambio climático. La aprobación de la opinión consultiva por parte de la ONU marca un punto de inflexión, al afirmar que los Estados tienen la obligación de prevenir daños climáticos y que la inacción equivale a una violación de sus compromisos internacionales. Sin embargo, países como Vanuatu y Fiyi de Oceanía, que contribuyen poco a las emisiones globales, soportan desproporcionadamente los efectos de una crisis causada principalmente por grandes emisores.
Desde este panorama, la perspectiva de género reclama reconocer cómo las desigualdades de género se entrelazan con los impactos del cambio climático, especialmente en países como México, donde las condiciones socioeconómicas y las estructuras de poder afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres.
El cambio climático exacerba las desigualdades existentes, afectando en mayor medida a mujeres, quienes, en muchas comunidades ocupan roles de responsabilidad en la gestión de recursos naturales, cuidado de la familia y participación comunitaria, la vulnerabilidad de las mujeres frente a desastres naturales, la pobreza, y la falta de acceso a recursos y toma de decisiones, las coloca en una posición de mayor riesgo ante eventos climáticos extremos.
Las comunidades rurales e indígenas mexicanas, en su mayoría encabezadas por mujeres, enfrentan la pérdida de tierras agrícolas, escasez de agua y desplazamientos forzados. La falta de participación efectiva en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático refuerza su invisibilidad y limita la incorporación de sus necesidades y conocimientos en las políticas públicas, la desigualdad en el acceso a financiamiento climático y recursos adaptativos también perpetúa una situación donde las mujeres tienen menos posibilidades de recuperarse y adaptarse a los efectos del cambio climático.
México es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, con fenómenos como huracanes, sequías y aumento en las temperaturas, sin embargo, las políticas públicas y las acciones internacionales muchas veces no consideran la dimensión de género, la brecha de género en acceso a educación, recursos económicos y participación política que limita la capacidad de las mujeres para influir en las decisiones relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático.
Esta posición, pone en evidencia la importancia de convertir decisiones jurídicas y promesas internacionales en acciones concretas y justas, desde una perspectiva de género, esto implica garantizar que las políticas y las negociaciones internacionales consideren las desigualdades existentes y promuevan la participación activa de las mujeres, especialmente en países como México, donde ellas enfrentan mayores riesgos y obstáculos, la lucha contra el cambio climático debe integrarse con agendas de igualdad de género para lograr soluciones inclusivas, equitativas y efectivas que atiendan las necesidades de las comunidades más vulnerables, promoviendo justicia social en paralelo con la justicia climática.
