Apan, Hgo.- A través de un posicionamiento, ediles del Altiplano se sumaron a lo firmado por integrantes de Asambleas Municipales de casi 50 municipios, en el que rechazan la reforma al artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, al considerar que afecta a la población en general.
Señalaron que el “Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de modernización de la gestión administrativa municipal”, afectará el funcionamiento de los municipios, ya que generará mayor opacidad y propiciará la corrupción de los alcaldes.
Indicaron que la supuesta “modernización de la gestión administrativa municipal” no es más que eliminar una de las funciones esenciales de las y los integrantes de cada Ayuntamiento, establecida en los artículos 48, 56, 60 y 69 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
Explicaron que con dicha reforma se elimina la facultad del Ayuntamiento, como órgano colegiado de gobierno municipal, de intervenir de manera previa a la celebración de contratos de cualquier tipo para que estos sean analizados y discutidos, dejándolo al libre albedrío de las y los presidentes municipales.
Se trata de un tema que afecta directamente a la hacienda pública municipal, montos de ejecución, proveedores, plazos, convenios y todo lo que de ello derive.
Con este acto se implica una regresión en materia de transparencia de recursos públicos y una afrenta directa a los principios de democracia y autonomía de un órgano colegiado como lo es el Ayuntamiento, señalaron.
Esta modificación, aprobada por la mayoría parlamentaria, retira a las y los integrantes de las asambleas municipales —regidores y síndicos— la facultad de revisar, discutir y autorizar los convenios y contratos celebrados por los ayuntamientos, otorgando una “carta abierta” a las y los alcaldes para comprometer recursos y contraer obligaciones sin el aval ni el consentimiento del órgano colegiado.
Precisaron que es erróneo considerar que la fiscalización es burocracia. “¿Desde cuándo revisar convenios y contratos públicos es burocracia? Este es un trabajo esencial de los cabildos y nuestra responsabilidad directa con la población”, manifestaron.
Al retirar esta facultad se abre la puerta a una mayor opacidad, lo que dificultará que la ciudadanía conozca el destino de los fondos públicos, advirtieron los ediles del Altiplano.
Asimismo, señalaron que cuando un contrato o procedimiento se detiene en comisiones no es por obstaculización política, sino porque las administraciones municipales no integran adecuadamente los expedientes ni cumplen con los requerimientos legales, siendo obligación del cabildo hacer las observaciones pertinentes para su corrección.
Indicaron que, hasta la fecha, este posicionamiento cuenta con el respaldo de más de 200 regidoras, regidores y síndicos pertenecientes a casi 60 municipios del Estado de Hidalgo, de todos los partidos políticos e independientes, cifra que continúa en aumento conforme crece la preocupación ciudadana y de las representaciones locales.
Finalmente, expresaron que esta reforma constitucional deberá ser remitida a los 84 ayuntamientos del estado para su discusión y eventual ratificación, por lo que los regidores firmantes exhortan a sus pares en toda la entidad a rechazar la minuta en sus respectivos cabildos.
