La Cámara de Diputados de México aprobó el pasado jueves la reforma a la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que ahora incluirá la extorsión y los delitos que tengan que ver con la elaboración y distribución de drogas sintéticas, como fentanilo.
La aprobación, con 335 votos a favor y 108 en contra, ocurrió tras un debate de más de 12 horas que se prolongó hasta la madrugada y en el que el oficialismo aceptó remover del catálogo los crímenes de narcomenudeo y defraudación fiscal, lo que implicaba encarcelar a acusados de no pagar al fisco.
La iniciativa, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, forma parte del paquete de 20 reformas, que contemplan, entre otras, cambios al sistema de pensiones, la subida del salario mínimo, la elección popular de la Suprema Corte y la eliminación de reguladores autónomos.
En la discusión, el diputado Leonel Godoy, de Morena, consideró que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, al afirmar que ha contribuido a disminuir el homicidio doloso, el feminicidio y las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego.
El único delito que se mantuvo al alza en el Gobierno de López Obrador, razón del dictamen, es la extorsión en su modalidad de ‘cobro de piso’, que hace el crimen organizado a los comerciantes.
«Es un cáncer en este momento para la sociedad mexicana, para empresarios, trabajadores, productores, comerciantes, gobiernos municipales y debe sancionarse», argumentó.
