Tulancingo de Bravo, Hgo.- Debido a una presunta denuncia por un robo de motocicleta, Rodrigo Alejandro Vargas Sosa fue intervenido por elementos de seguridad pública el pasado 21 de diciembre en Tulancingo, y sin comprobarle nada, fue detenido, llevado a barandilla y su motocicleta terminó en el corralón.
A través de un documento que entregó a este medio de comunicación y que señaló que presentará ante el Ministerio Público y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el afectado aseguró que se violaron sus derechos por como se comportó y procedió la autoridad al momento de su detención.
En dicho documento narra que, al salir de una tienda en la calle de Nayarit, fue abordado por varios policías municipales de Tulancingo, tanto en motocicleta como en una camioneta oficial, quienes le aseguraron que su motocicleta tenía las características de una que recién se habían robado.
Sin presentarle un documento que acreditara la investigación, lo esposaron, le quitaron la motocicleta y lo llevaron detenido a barandilla. Asegura también que, durante el trayecto, sobre la batea de la patrulla, fue interrogado de manera violenta e iba viajando en una posición incómoda, siendo pisado por uno de los elementos policiacos.
Al llegar al cuartel, le informaron que “presuntamente”, su motocicleta contaba con reporte de robo desde el pasado 12 de diciembre, a lo que argumentó que era mentira, pues él contaba con toda la documentación.
Luego de ser presuntamente intimidado por un lapso, uno de los elementos policiacos le dijo “te voy a hacer el paro y solo te voy a levantar una falta administrativa”.
Después de realizar todo el procedimiento de detención, su esposa estuvo esperando afuera del cuartel hasta por tres horas para poder pagar la fianza, que finalmente fue de mil 700 pesos. No obstante, la motocicleta fue llevada al corralón.
Tras ser liberado, al día siguiente, lunes 22 de diciembre, nuevamente se encontró con trabas para contar con el documento para la liberación de la motocicleta.
Rodrigo Alejandro aseguró que al entrar con el director de seguridad pública de Tulancingo, este le solicitó mil pesos para entregarle el documento de liberación, a lo cual solo le dio 950 pesos, que era lo que tenía en ese momento.
“Considero que los hechos descritos vulneran mis derechos y contravienen los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y respeto que deben observar los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones”, relató.
Por estos hechos, el afectado solicita que se investigue y en su caso se determinen responsabilidades administrativas a quienes resulten responsables.
