Ayer, en el Congreso local, se aprobó con 27 votos a favor la reforma al Código Penal para el Estado de Hidalgo en materia de delitos cometidos por personas servidoras públicas en la procuración y administración de justicia, con el objetivo de sancionar hasta con ocho años de prisión a quienes cometan algún tipo de acto constitutivo de delito en contra de la procuración o administración de justicia.
En la argumentación, Lizbeth Irais Ordaz Islas, diputada de Morena, dijo que se propone adicionar como conductas constitutivas del delito en contra de la procuración y administración de justicia la alteración, modificación, ocultamiento, destrucción, pérdida o perturbación del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, numerario, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia.
Cabe destacar que el delito incluía solamente a las personas servidoras públicas directamente involucradas en la procuración y administración de justicia, como ministerios públicos, jueces y magistrados, por lo que resultaba imperante incluir a todos aquellos servidores públicos “cuya actuación impacte negativamente en esas funciones y cuyas decisiones y conductas deben ser garantes del respeto a los derechos humanos, en términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y séptimo de la Ley General de Víctimas, como lo son peritos, policías, personal administrativo y penitenciario”.
Por lo anterior, a quienes cometan este tipo de delitos se les impondrá una sanción de tres a ocho años de prisión y una multa de 10 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
