IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
Maíra Martini, directora ejecutiva de Transparencia Internacional (TI), comparte en su boletín los avances y desafíos en la lucha contra la corrupción en 2025, destacando que la corrupción evoluciona y está ligada a la concentración de poder en manos de élites económicas y políticas que manipulan las reglas en su beneficio, afectando a la ciudadanía común.
A pesar de ello, el informe anual 2025 muestra avances, como el apoyo a 14 mil personas afectadas, contribuciones a estándares internacionales y logros en la rendición de cuentas, como condenas y prohibiciones de programas corruptos. La organización también trabaja en proteger a denunciantes, y en influir en políticas públicas y normativas, incluyendo temas climáticos, financiamiento político y flujos financieros ilícitos.
Además, explora el potencial y riesgos de la tecnología y la IA para combatir la corrupción. Martini enfatiza que el trabajo de TI busca construir sociedades justas y transparentes, agradece a sus colaboradores y llama a seguir unidos para lograr un cambio real en el poder y la rendición de cuentas a nivel global.
En el contexto mexicano, la corrupción ha sido una constante que ha evolucionado a lo largo de su historia moderna, reflejando no solo problemas institucionales, sino también profundas desigualdades sociales y económicas, la corrupción no puede entenderse aisladamente como prácticas individuales, sino como un fenómeno estructural que está estrechamente ligado a la concentración del poder en manos de élites económicas y políticas.
Durante décadas, la corrupción en México ha manifestado diferentes formas, desde prácticas cotidianas en la administración pública hasta casos de gran escala que involucran a altas esferas del poder, en el pasado, la corrupción se caracterizaba por sobornos, impunidad y favoritismos, pero en los últimos años ha evolucionado hacia redes más complejas que afectan la toma de decisiones, la asignación de recursos y la participación ciudadana.
La apertura económica y la globalización han exacerbado estos problemas, permitiendo que ciertos actores económicos manipulen las reglas del juego en su beneficio, muchas veces a costa del bienestar social.
Una característica distintiva del fenómeno en México es la fuerte concentración de poder en manos de élites económicas y políticas que, mediante control de instituciones, recursos y redes de influencia, manipulan las reglas del sistema en su favor, estas élites, que incluyen grandes empresarios, políticos y funcionarios públicos, han logrado consolidar un entramado que favorece sus intereses a costa de la ciudadanía común.
Este vínculo entre poder y corrupción genera un círculo vicioso: las élites utilizan la corrupción como herramienta para mantener y ampliar su dominio, asegurando ventajas competitivas, permisos, contratos y exenciones legales que perpetúan su posición privilegiada. La manipulación de las reglas, en muchos casos, implica la captura de instituciones públicas, la creación de leyes que benefician a unos pocos y la impunidad que protege a quienes se enriquecen ilícitamente.
Este sistema corrupto y concentrador del poder socava los principios democráticos y el Estado de Derecho con efectos devastadores para la población, la desigualdad social se profundiza, el acceso a servicios públicos de calidad, justicia y oportunidades se ve limitado, y la confianza en las instituciones se erosiona. La ciudadanía, en lugar de ser protagonista en la definición de su destino, se encuentra vulnerable a un sistema que favorece a unos pocos, perpetuando la pobreza y la exclusión social.
Así, la lucha contra la corrupción en México requiere, no solo medidas legales, sino también una transformación profunda en las estructuras del poder que permitan democratizar el acceso y la participación, garantizando que las reglas beneficien a toda la ciudadanía y no solo a unos pocos privilegiados.
