La Contraloría informó que realiza un exhaustivo proceso de revisión de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, dichos procedimientos están diseñados para salvaguardar principios clave como la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones.
El proceso comienza con la recepción de denuncias, que pueden surgir de diversas fuentes, y sigue con una investigación detallada para evaluar la responsabilidad de los servidores públicos implicados. Esta investigación incluye la substanciación de diligencias y culmina con la emisión de una resolución que clasifica la falta administrativa como grave o no grave. La medida disciplinaria correspondiente se basa en la naturaleza y la gravedad de la infracción
Las sanciones aplicables por actos u omisiones indebidas se establecen claramente, y su implementación se realiza a través de procedimientos rigurosos que determinan las autoridades competentes y los pasos a seguir.
Durante el año 2024, la Contraloría ha dado seguimiento a 351 informes de presunta responsabilidad. La gestión activa de estos procedimientos tiene como objetivo principal promover un entorno de trabajo público más íntegro y transparente, lo que asegura que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones de manera eficiente y ética.
