El Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas busca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emita unas medidas provisionales a favor del exvicepresidente correísta de Ecuador en las que ordene al Estado que «cumpla con la obligación de otorgarle el salvoconducto» con el que pueda viajar a México en calidad de asilado diplomático.
Así lo señaló este lunes el coordinador del Comité, el abogado y exministro boliviano Sacha Llorenti, quien explicó que han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíe el caso de Glas a la Corte, después de que el país ha «incumplido» hasta ahora con la ampliación de medidas cautelares que el organismo internacional otorgó en febrero de este año.
«La Comisión Interamericana ya expidió unas medidas cautelares que hablan, por ejemplo, de la atención médica, del cambio de centro penitenciario, pero consideramos que la Corte puede ir incluso más allá de las medidas solicitadas por la Comisión», dijo Llorenti en una rueda de prensa.
«El objetivo esencial es que Jorge Glas recupere su condición de asilado diplomático, que el Estado ecuatoriano cumpla con la obligación de otorgarle el salvoconducto, como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades el Estado mexicano, y que él pueda gozar de ese derecho. Ese es el objetivo central y nosotros creemos que la Corte Interamericana debería avanzar en esa línea», añadió.
Glas se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, La Roca, desde abril de 2024 cuando el actual presidente, Daniel Noboa, ordenó el asalto policial a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente y cumplir con una orden de arresto, una vez que el Gobierno mexicano le había concedido asilo diplomático al considerarlo un «perseguido político» frente a las condenas y procesos por corrupción que acumula desde 2017.
Esa irrupción provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y Noboa ha asegurado que no se han podido retomar porque la salida de Glas hacia México presenta una «línea roja» para ambos Gobiernos.
El exvicepresidente, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007 – 2017), tiene pendiente terminar una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por asociación ilícita y cohecho, mientras está a la espera de un nuevo juicio en el que está acusado de peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016.
Llorenti señaló que el pedido a la Comisión estuvo acompañado por una carta que se hizo pública la semana pasada y que fue firmada por el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y los expresidentes Alberto Fernández, de Argentina; Evo Morales, de Bolivia; Ernesto Samper, de Colombia; y Rafael Correa, de Ecuador, entre otros políticos de izquierda de España y Latinoamérica, quienes mostraban su preocupación por la salud de Glas.
«El estado de salud (de Glas) es altamente delicado, no solamente en términos de salud física por la serie de medicamentos que le han recetado en el penal de La Roca, sino también por su situación psicológica y psiquiátrica», dijo el exministro boliviano.
Recordó que el exvicepresidente intentó suicidarse tras su internamiento en la cárcel y que desde ese momento «su salud ha ido deteriorándose sistemáticamente», y que además ha recibido varias amenazas contra su vida.
«Todo el tema de la salud está verificado por la Comisión, pero las medidas cautelares han sido desoídas por el Estado, incumpliendo con la Convención Americana de Derechos Humanos y actuando de mala fe. Por eso la solicitud de que intervenga la Corte Interamericana, que es el más alto tribunal en materia de derechos humanos del continente», mencionó Llorenti.
El coordinador del Comité señaló también que las declaraciones que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras la investidura de Noboa el pasado 24 de mayo, sobre la liberación de los presos políticos, entre los que nombró a Glas, contribuyen a la lucha que están llevando para «preservar los derechos» del exvicepresidente.
Llorenti señaló que esperan que la CIDH envíe en las próximas semanas este pedido a la Corte IDH, para que el tribunal pueda empezar cuanto antes un análisis de este tema y emita las medidas provisionales para el exvicepresidente ecuatoriano.
