POR EL DERECHO A EXISTIR
Una de las frases más repetidas en el discurso oficial sobre violencia es, precisamente, la más vacía: «se trata de casos aislados». Cada vez que se da un nuevo incidente de violencia, de asesinato, de desaparición, la respuesta de las autoridades es la misma: minimizar, restar importancia, despersonalizar el dolor y sufrimiento de las víctimas. ¿Por qué? Porque al decir que es un “caso aislado”, se disfraza la realidad de un sistema que no da abasto, que es incapaz de enfrentar un problema tan arraigado y profundamente estructural como lo es la violencia.
Pero el mantra de los «casos aislados» no es solo una frase; es una estrategia política que busca hacerle creer a la ciudadanía que la violencia no es un fenómeno repetido, que no está inscrito en los patrones históricos y sociales del país, y lo que es más grave: que no está relacionado con una serie de problemas estructurales que, más que «aislados», son sistémicos.
Es cierto que la violencia puede manifestarse de diversas formas: homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos. Sin embargo, no estamos ante una serie de eventos desconectados entre sí. Cada acto violento se articula con otros y forma parte de una cadena mucho más amplia de desigualdad, corrupción, impunidad y falta de acceso a la justicia. La violencia no es un accidente ni una rareza: es el resultado de un sistema que no responde a las necesidades sociales básicas, que no tiene los mecanismos para garantizar la seguridad, que prioriza la protección de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría.
Es necesario empezar a hablar de la violencia como lo que realmente es: un fenómeno estructural, que está inscrito en las prácticas sociales, económicas y políticas de nuestro país. No se trata de unos pocos delincuentes aislados, sino de un ecosistema que se alimenta de la desigualdad, de la falta de oportunidades y de la corrupción en los más altos niveles de la administración pública. Las comunidades más afectadas por esta violencia no son testigos pasivos; son las víctimas que viven en carne propia la incertidumbre y el miedo diario, con la esperanza de que alguna vez las autoridades den respuestas más allá de un discurso vacío.
Es urgente dejar de lado los discursos simplistas y empezar a abordar la violencia con la seriedad que requiere. Las autoridades deben entender que su falta de acción no es solo una omisión: es una complicidad. La violencia no es una anomalía que se pueda resolver con una frase trillada. Se trata de una crisis que ha sido ignorada durante demasiado tiempo, una crisis que exige no solo palabras, sino acciones concretas, estructuras de justicia que funcionen y políticas públicas reales que aborden las causas profundas de la violencia.
El problema no es que haya “casos aislados”; el problema es que la violencia es la norma y la respuesta oficial es siempre la misma: evadir, despersonalizar, minimizar. Mientras esto siga siendo así, el ciclo de violencia se perpetuará, y lo que hoy parece aislado, mañana será más grande, más visible, más incontrolable. Es momento de cambiar la narrativa y enfrentar la violencia no como un conjunto de «accidentes», sino como el resultado de un sistema que requiere urgentemente una transformación estructural.
