La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió el pasado jueves una reforma constitucional al Congreso mexicano para combatir el delito de extorsión, que se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en el país, con el objetivo de homologar las penas y sanciones en todo la nación.
“Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto, cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno”, admite Sheinbaum en su exposición de motivos.
La propuesta, que modifica el artículo 73 de la Constitución mexicana, permitiría al Congreso mexicano expedir una ley general en materia de extorsión, con el fin de establecer una base común que evite disparidades entre los códigos penales estatales.
Actualmente, la extorsión se sanciona de manera distinta en cada estado del país, lo que, según el Ejecutivo, ha dificultado su persecución y propiciado la impunidad.
Hasta ahora, las penas por incurrir en la extorsión van de cuatro y hasta treinta años de prisión en distintos estados mexicanos, mientras que el rango de las multas pueden ir desde los 36 mil pesos y hasta los 340 mil.
De acuerdo con el documento enviado al Poder Legislativo, la falta de uniformidad normativa genera una dispersión en las tipificaciones y sanciones que se traduce en deficiencias procesales, escasa colaboración entre autoridades y, en consecuencia, en un bajo índice de judicialización del delito de extorsión.
