Yarabi González Martínez diputada local de la fracción de Morena, junto con Juana Olivia Alarcón Rivera y Mónica Leanett Reyes Martínez del Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, con el fin de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el ingreso, permanencia, profesionalización, promoción, estímulos y recompensas dentro de la carrera policial y para acceder a cargos de mando y toma de decisiones.
En su argumentación, las legisladoras señalaron que con la iniciativa presentada se busca ampliar los alcances de la perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres de las personas que realizan funciones de seguridad pública en el Estado de Hidalgo y contempla cuatro cambios: la primera, referente a la inclusión de medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia de género dentro de las corporaciones policiales; la segunda que consiste en establecer el derecho de las mujeres integrantes de instituciones policiales a obtener de manera temporal el cambio de adscripción de área cuando se encuentren en periodo de gravidez.
La tercera versa en establecer que las instituciones de seguridad pública en los procesos de ascenso o promoción deberán observar el principio de paridad de género y que las vacantes disponibles serán distribuidas de manera igualitaria entre mujeres y hombres, priorizando el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo profesional en la organización jerárquica; y cuarta que mandata a las autoridades para que aseguren la participación paritaria de mujeres y hombres en todas las instituciones de seguridad pública.
Lo anterior, con una cuota mínima del 50 por ciento de mujeres en los procesos de reclutamiento, ingreso, formación y ascenso dentro de los cuerpos policiales, para garantizar su acceso a posiciones de mando y toma de decisiones.
“Como se ha podido constatar a lo largo del último siglo, desde la aparición del primer agrupamiento femenil policial, los cuerpos policiales y de seguridad en México han sido reflejo de estas desigualdades. Además de la composición numérica, las oportunidades de ascenso, formación profesional y reconocimiento, así como la exclusión de mujeres, es una consecuencia directa de marcos institucionales diseñados sin enfoque de derechos ni perspectiva de género, explicaron.
Finalmente argumentaron que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), solo el cinco por ciento de los altos mandos en estas instituciones son ocupados por mujeres, en la mayoría de los estados, las direcciones y jefaturas operativas permanecen bajo control masculino, “lo que evidencia una marcada brecha de género en la distribución de responsabilidades estratégicas y de liderazgo”.
