Un tribunal apartó a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) del juicio por el caso ‘golpe de Estado I’, por la crisis que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en 2019, al determinar que ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’.
Carolina Ribera, hija de la exmandataria, dijo a los medios que el fallo es «una victoria», pero que la lucha continúa debido a que su madre enfrenta otros ocho procesos por la vía ordinaria.
Mientras que la defensa de Áñez indicó que este caso ‘golpe de Estado I’ tiene vinculación con el proceso ‘golpe de Estado II’ y que en consecuencia los jueces declararon «el incidente a favor» de la expresidenta transitoria y la acusación en su contra fue archivada por «doble juzgamiento».
Áñez ya fue sentenciada por la Justicia boliviana en junio de 2022 a 10 años de cárcel por el caso ‘golpe de Estado II’, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
La exgobernante interina estaba acusada por los mismos hechos en el caso ‘golpe de Estado I’, aunque como cómplice del gobernador opositor suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico del departamento andino de Potosí Marco Pumari.
«Se ha evidenciado que se juzgan los mismos hechos», indicó a EFE el abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Áñez.
«Por primera vez en tres años y siete meses que vemos que algún tribunal hace algo en base a derecho en el caso de mi madre. La excluyeron en este caso de terrorismo porque no se la puede juzgar dos veces por una causa, desde un principio fue todo ilegal», manifestó Carolina Ribera.
Por su parte, el subprocurador de Supervisión e Intervención de la Procuraduría General del Estado, Ricardo Condori, confirmó que se «ha apartado momentáneamente» a la expresidenta transitoria, pero que la Fiscalía ya «apeló» la decisión del tribunal y se espera que se reincorpore a Áñez al proceso.
En este caso también están acusados varios exaltos mandos militares y policiales de 2019 y dos exministros de Áñez, Arturo Murillo, extitular de Gobierno (Interior), en prisión en Estados Unidos por un caso de soborno y lavado de dinero, y el de Defensa, Fernando López, quien está en Paraguay.
Camacho está acusado por haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando aún era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, la mayor región del país.
La defensa de Áñez y la oposición insisten en que se le debe procesar en un juicio de responsabilidades por ser una expresidenta y no por la vía ordinaria.
