El Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, acusó este domingo a Israel de someter a la Franja a una «muerte lenta» y de haber dejado entrar solo un 41 por ciento de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, durante los cuales ese país ha cometido 969 violaciones de la tregua, según asegura.

En un comunicado, el Ejecutivo gazatí indica que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros mil 141, y cometido «graves y sistemáticas violaciones del acuerdo» y su protocolo humanitario adjunto.

Entre las 969 violaciones que cita, figuran 298 incidentes de disparos directos contra civiles, 54 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales, 455 bombardeos y «ataques selectivos» contra civiles desarmados y sus viviendas, así como 162 bombardeos y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles.

Solo entró un 10 por ciento de combustible

En el ámbito humanitario, asegura que Gaza «se enfrenta a una muerte lenta», ya que Israel «no ha proporcionado ni siquiera las cantidades mínimas de ayuda acordadas».

En 80 días, afirma que solo han entrado 19 mil 764 camiones de ayuda de los 48 mil que debían acceder (un 41 por ciento), lo que arroja una media de unos 250 al día, frente a los 600 que menciona como necesarios.

«Esto ha provocado una grave escasez continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible, y ha agravado la catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza», dice el Gobierno.

En cuanto al combustible, denuncia que solo accedieron 425 camiones de los 4 mil que debían entrar, con un promedio de 5 camiones diarios de los 50 que asegura se asignaron en el acuerdo, lo que supone solo un 10 por ciento.

Ello deja a hospitales, panaderías e instalaciones de agua y saneamiento «prácticamente paralizados», indica.

EFE preguntó por estos datos al organismo israelí encargado de permitir la entrada de ayuda, COGAT, sin obtener por el momento una respuesta.

1,5 millones de desplazados

El Gobierno del enclave calcula que 1,5 millones de gazatíes -de los 2 millones totales- viven desplazados por la destrucción generalizada de edificios y denuncia que Israel impide la entrada de tiendas de campaña, casas móviles, caravanas y materiales para refugios, «en flagrante violación del acuerdo y del derecho internacional humanitario».

Indica que veinte personas han muerto por el derrumbe, a causa de la lluvia, de 49 viviendas dañadas por los bombardeos, donde se habían refugiado al carecer de otro sitio donde resguardarse.

Añade que dos niños murieron a causa del frío extremo en tiendas de campaña para desplazados y denuncia que 127 mil tiendas han quedado inutilizables y ya no son aptas para brindar ni siquiera una protección mínima.

En las últimas horas, según informó Defensa Civil de Gaza, una mujer y un niño murieron al derrumbarse un muro por las intensas lluvias y caer a un pozo, donde se ahogaron.

El Gobierno de Gaza advierte de que la Franja entra ahora en el período conocido como ‘Al Arbainia’ (la cuarentena), caracterizado por el frío, lo que hace temer más muertes entre los desplazados si continúan en estas condiciones. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes el caso del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein como una «caza de brujas» y criticó que el Departamento de Justicia esté dedicando su tiempo a este tema.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que «ahora se encuentran 1.000.000 de páginas más sobre Epstein» y que el Departamento de Justicia está «viéndose obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas», en referencia a la publicación de documentos relacionados con el caso de Epstein.

«¿Cuándo dirán NO MÁS y trabajarán en el fraude electoral, etc.? Los demócratas son los que trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Publiquen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país! (…) otra cacería de brujas», agregó el mandatario.

Esta semana, el Departamento de Justicia anunció que ha recibido de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, que ya están revisando para ser publicados.

Una ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre obligaba a la Administración de Donald Trump a publicar el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

El Departamento de Justicia, sin embargo, solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001) con Epstein, al argumentar que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido, algo que generó críticas de la oposición demócrata y de las víctimas.

En una nueva partida publicada el lunes, aparece repetidamente el nombre de Trump, quien habría viajado varias veces en el avión privado del magnate financiero, pero no hay pruebas de que participara en sus delitos sexuales.

Al principio, Trump no respaldó la publicación de los documentos de Epstein, con quien mantuvo una amistad hasta 2004, mucho antes de que fuera acusado de prostitución de menores, pero el mandatario tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo que esta tuvo en el Congreso.

Sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, marcharon este viernes por quinto día consecutivo en contra del decreto que retiró la subvención a los combustibles, que estuvo vigente por más de 20 años.

La COB mantiene una huelga indefinida que por el momento solo cumplen los mineros que trabajan para el Estado, aunque esta entidad anunció «otras estrategias de protesta».

«Nosotros tenemos que entender el contexto de este decreto, está hecho para las (empresas) transnacionales, empresarios, agroindustriales que se van a beneficiar pero para el pueblo boliviano significa ajustarse más aún el cinturón», dijo el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo.

Lamentó que los afiliados a la COB estén movilizados «y lejos de la familia por una reivindicación justa, no es sectorial, no es político».

«Como siempre las bases son pacíficas, vamos a hacer conocer nuestra protesta, tenemos que concientizar y llegar hasta el último rincón del país, hermanos bolivianos entiendan el contexto de este decreto», señaló Argollo.

Añadió que cuando la población entienda los fines del decreto, «van a dar la razón» a la COB.

«Vamos a pensar en nuevas estrategias de lucha, no vamos a dejar este camino porque estamos seguros de que lo que estamos haciendo es reivindicativo y va en beneficio de las grandes mayorías del país», añadió el minero.

La protesta de este viernes recorrió las calles céntricas de la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y Legislativo, en un día en que se cumple un feriado nacional «para incentivar el turismo» a fin de año, según disposición del Gobierno de Rodrigo Paz.

La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde el lunes a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.

Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo, mientras que las marchas de la COB han sido rechazadas por la población en La Paz.

Los dirigentes de la COB se reunieron el martes con Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo porque el ente sindical condicionó el diálogo a que primero el Ejecutivo derogue el decreto, algo que el Gobierno ha asegurado que no ocurrirá.

El decreto 5503, que rige desde hace poco más de una semana, estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86 por ciento para la gasolina y del 162 por ciento para el diésel con respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.

Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2 mil 750 a 3 mil 300 bolivianos (395 a 474 dólares) y aumentos del bono para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno defiende que ya no era sostenible mantener la subvención y asegura que su retiro garantizó la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio y permite un ahorro diario al Estado de 10 millones de dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania debe contar con su aprobación para salir adelante.

«(Zelenski) No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene», afirmó el líder estadounidense en una conversación exclusiva con el portal Politico.

Está previsto que Trump reciba el domingo a Zelenski en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde el mandatario estadounidense pasa las vacaciones navideñas, con el objetivo de discutir el nuevo plan que están elaborando Kiev y Washington para detener la guerra.

El republicano expresó su confianza en que la reunión del fin de semana sea productiva. «Creo que le irá bien», dijo Trump, quien también señaló que el resultado podría ser positivo para el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien espera hablar «pronto».

Zelenski mantuvo el jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas «nuevas ideas» sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

El plan de paz de 20 puntos, que según Zelenski está listo en un 90 % y que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.

También sigue en disputa la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso.

Los jefes de Defensa de Tailandia y Camboya firmaron este sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común, donde los enfrentamientos militares que arrancaron el 7 de diciembre han dejado un centenar de muertos y cerca de 700 mil desplazados.

«Las partes acordaron un inmediato cese al fuego a las 12 hora local (5:00 GMT), que incluya (el fin) de los ataques contra civiles, infraestructuras y objetivos militares en los dos lados de la línea divisoria», de unos 820 kilómetros, dice la declaración conjunta, difundida en principio por el Gobierno camboyano.

Ambos Ejércitos se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes que han sido el escenario de la histórica disputa territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados.

En este sentido, pactaron al menos abordar, a través de mecanismos bilaterales, la polémica demarcación en zonas limítrofes, un asunto por el que Camboya ha acudido ante instancias internacionales, lo que ha molestado a Tailandia.

Asimismo, los militares acordaron trabajar de forma conjunta para retirar minas antipersona, uno de los principales reclamos de Bangkok, que acusa a Nom Pen de sembrar nuevos artefactos, que han causado heridas, algunas de ellas mortales, a varios soldados en los últimos dos meses.

Entre otros puntos, las dos naciones asiáticas se comprometieron a no incrementar el número de tropas en la divisoria, a no difundir información falsa o tendenciosa sobre el conflicto y a luchar de forma conjunta contra el tráfico de personas y las estafas digitales en la frontera.

La declaración fue firmada por los generales Tea Seiha y Nattaphon Narkphanit, titulares de Defensa de Camboya y Tailandia, respectivamente, y establece el rol que desarrollarán emisarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) como observadores del alto el fuego.

En una rueda de prensa, el portavoz de la cartera de Defensa de Tailandia confirmó que los 18 soldados camboyanos detenidos en junio -durante cinco días de enfrentamientos fronterizos que dejaron medio centenar de fallecidos- «serán liberados cuando cese la hostilidad, de acuerdo con las normas y prácticas internacionales».

Hasta el viernes, según los balances oficiales, al menos 43 civiles y 24 militares habían muerto en Tailandia, mientras se contabilizaban 31 civiles fallecidos en Camboya, que no informa de bajas en el sector castrense aun cuando numerosos informes hablan de decenas de soldados caídos.

En el acuerdo, Bangkok y Nom Pen citan «el espíritu» de Kuala Lumpur, en alusión al acuerdo de paz firmado en octubre en Malasia con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo Gobierno ha intercedido en las últimas tres semanas para el cese de las hostilidades.