Decenas de miles de checos salieron el domingo a las calles de Praga y otras ocho ciudades para manifestar su apoyo al presidente del país, Petr Pavel, cuestionado por la coalición gubernamental de populistas y eurocríticos debido a su negativa a sancionar el nombramiento de un ministro.

«Ya estamos aquí», corearon los manifestantes mientras llenaban la Plaza Vieja de la capital checa, en un encuentro organizado por la ONG ‘Un millón de momentos para la democracia’.

La de hoy es una protesta «contra la vulgaridad, arrogancia y chantaje», declaró ante los congregados el presidente de la ONG, Mikulas Minar, en referencia a lo sucedido esta semana en la vida política.

El choque entre las dos de las máximas instituciones del Estado, Presidencia y Ejecutivo, se ha producido por la decisión del jefe del Estado de no nombrar como ministro de Medio Ambiente al político eurocrítico y exeurodiputado Filip Turek.

Turek es presidente de honor de Motoristas Unidos, socio minoritario de la coalición en el poder y un político envuelto en un escándalo por antiguos mensajes en las redes sociales de contenido racista, homófobo y filonazi.

El martes, el presidente de los Motoristas y ministro de Exteriores, Petr Macinka, amenazó a Pavel con una campaña mediática y política si no accedía a nombrar a Turek.

De momento, Macinka quiere impedir que el jefe del Estado, un antiguo general retirado de la OTAN, presida la delegación checa en la próxima cumbre de la Alianza Atlántica convocada para julio en Turquía.

Desde entonces, unas 600.000 personas han firmado una petición de firmas en apoyo al presidente y la primera dama, lanzada por la citada ONG.

«No os amilanéis por ataques primitivos y vulgares. Estamos con vosotros. (…) Para que la República Checa siga siendo un país libre. No estáis solos», se dice en la misiva.

El propio Pavel agradeció la solidaridad mostrada y mandó a los asistentes unas palabras que fueron leídas por el presidente de la ONG.

En ellas, hizo un llamamiento para defender los valores de la democracia y alertó contra «los que confunden la libertad de expresión con la libertad de mentir, ofender y la vulgaridad».»Aprecio a los ciudadanos que no se quedan indiferentes ante lo que ocurre», dijo.

El nuevo tripartito, salido de las legislativas de octubre, en las que se impuso la populista Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) del magnate agroindustrial Andrej Babis, ha dado un giro a la política exterior de la República checa, que ha dejado de apoyar militarmente a Ucrania y recela de muchas de la políticas de Bruselas, sobre todo las relacionadas con la ecología y migración.

Ello ha despertado malestar en parte de la sociedad checa, hasta ahora una de las más solidarias con Kiev desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años.

Al menos 15 mineros han muerto y siete han resultado heridos en un ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk, según anunciaron el domingo las autoridades regionales.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, afirmó en Telegram que un dron había impactado al lado de un autobús de empresa.

Por su parte, la compañía energética DTEK aseguró que las víctimas eran mineros que tras terminar su turno eran transportados de vuelta a casa en un autocar de la empresa.

«Por el momento, se sabe de 15 mineros que han muerto. Según informaciones preliminares, siete mineros fueron también heridos», agregó DTEK en Telegram, donde condenó el «ataque terrorista a gran escala» cometido por Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, precisó que el ataque se produjo cerca de la localidad de Ternivka.

«Unos drones rusos atacaron un autobús que transportaba a mineros. Por desgracia, hay muchos muertos. Mis condolencias a todos los familiares y seres queridos», afirmó, antes de agregar que este domingo Rusia también atacó las rutas logísticas, con golpes contra las infraestructuras ferroviarias en Dnipropetrovsk y Sumi (norte).

La noticia se produce en medio de la tregua parcial contra objetivos del sistema energético debido al frío extremo que fue acordada con mediación de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania y que según el Kremlin debería durar al menos hasta este domingo.

Desde el jueves no se han registrado ataques contra el sistema energético, pero los impactos de drones contra otros objetivos han continuado y la pasada noche ya habían muerto dos civiles en la misma región de Dnipropetrovsk.

Un centenar de personas se manifestaron el domingo en Texas para exigir el fin de la detención de familias migrantes, tras la liberación de Liam Ramos, un niño de cinco años detenido junto a su padre en Mineápolis (Minesota) y trasladado posteriormente al estado sureño.

El caso puso el foco de la atención nacional en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, donde permanecen privados de su libertad unas mil 400 migrantes, entre ellos alrededor de 400 menores de edad, de acuerdo con información entregada esta semana por legisladores demócratas.

El de Dilley es uno de solo dos centros en todo el país donde el Gobierno federal detiene a familias enteras de migrantes, una práctica que fue pausada por varios años durante el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y que ha sido reanudada por Trump en su campaña por acelerar los arrestos y las deportaciones de migrantes.

En la protesta del domingo, alrededor de 150 manifestantes -según datos de los organizadores- expresaron su rechazo a las políticos migratorias de la Administración republicana y pidieron que se liberaran el resto de familias y menores de edad que permanecen en custodia del Gobierno.

«La atención mediática que recibió Liam (Ramos) logró que fuera liberado, pero hay muchísimas más familias que están lidiando con lo mismo ahora mismo», dijo a EFE Eric Cedillo, abogado consejero de la organización League of United Latinamerican Citizens (LULAC).

La detención de menores migrantes en EE.UU. aumentó de forma pronunciada durante el primer año del Gobierno de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a 25 durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.

«La detención de familias es dañina para los menores de edad, en muchos casos los mantienen detenidos por meses y meses», agregó Cedillo.

La protesta es la segunda esta semana. El miércoles, la manifestación atrajo a cientos de personas y acabó con el uso de gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los civiles por parte de las fuerzas del orden texanas, que cerraron la vía de acceso hacia el centro.

En las pancartas que portaban algunos manifestantes se leían mensajes críticos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia federal cuyas operaciones bajo el Gobierno de Donald Trump han generado un fuerte rechazo en diversas ciudades de Estados Unidos.

Denuncian tácticas agresivas de ICE

El despliegue de sus agentes ha estado marcado por enfrentamientos con la población y, en algunos casos, incidentes mortales a manos de oficiales durante operativos migratorios.

Organizaciones de derechos civiles y observadores también han denunciado un uso cada vez más agresivo de tácticas por parte de ICE, como la detención de personas sin orden judicial y el empleo de pasamontañas para ocultar la identidad de los agentes, prácticas que, según críticos, dificultan la rendición de cuentas y aumentan la tensión en las comunidades afectadas.

El despliegue de agentes federales en su nativa Chicago, el pasado mes de septiembre, llevó a Robert Held a convertirse en un activista a tiempo completo y a viajar el domingo hasta Texas para unirse a la manifestación.

«Mi conciencia me dice que no me puedo quedar en casa, que no puedo quedarme en silencio», señaló el hombre, vestido con una camisa naranja. «Liam es el símbolo de lo que este Gobierno le está haciendo a los niños y a todos los inmigrantes», agregó.

Ramos y su padre, originarios de Ecuador, fueron liberados este sábado después de que un juez federal en Texas concediera una petición de habeas corpus y determinara que su arresto fue inconstitucional.

«El caso tiene su origen en la mal concebida y deficientemente implementada política gubernamental de perseguir cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello implica traumatizar a niños», señaló el juez Fred Biery del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, en el escrito judicial.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. han alcanzado un nivel récord: en promedio, más de 73 mil migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.

El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

Las mesas de votación en Costa Rica para la elección del presidente del país y los diputados para el periodo 2026-2030 cerraron este domingo y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comenzó la recepción de los resultados, los cuales publicará a partir de las 20:45 hora local (2:45 GMT del lunes).

Tras una jornada de 12 horas que transcurrió en normalidad y sin incidentes relevantes, las urnas cerraron a las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes) y a partir de entonces los miembros de cada mesa comenzaron el conteo de votos y el envío de resultados al TSE.

Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40 % de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, será necesaria una segunda ronda el próximo 5 de abril.

En total 3,7 millones de costarricenses estuvieron habilitados para votar en las 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas, en su mayoría, en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos; en hogares de ancianos y 49 consulados en 42 países.

Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos presidenciales y 1.207 aspirantes a los 57 escaños de diputados.

Durante la jornada los candidatos presidenciales acudieron a las urnas acompañados por sus seguidores en medio de un ambiente festivo, e hicieron un llamado a la población a vivir la fiesta democrática del país y a votar en libertad.

La oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, fue una de los primeros candidatos en votar, seguida por otros como el del izquierdista Partido Frente Amplio, Ariel Robles; la centroizquierdista de Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, y el socialdemócrata del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que dará los primeros resultados a las 20:45 hora local (02:45 GMT del lunes) ha garantizado que el proceso electoral está «blindado», debido a una serie de controles y vigilancia que se aplican al material electoral y a la presencia de fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación, entre otros.

La campaña previa a las elecciones estuvo marcada por el tema de la inseguridad, que en las encuestas es considerado por la población como el principal problema del país debido al incremento de los homicidios, que en su mayoría son atribuidos al ajuste de cuentas entre bandas narcotraficantes.

Otro tema de campaña fue la promesa de la candidata Fernández de dar continuidad a las iniciativas del actual Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, a quien incluso quiere ofrecerle un cargo como ministro.

La oposición ha señalado las políticas de Chaves y Fernández como autoritarias y riesgosas para la democracia, debido a que consideran que el oficialismo pretende concentrar el poder.