Sindicatos bolivianos protagonizaron este martes enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz, durante protestas contra el decreto del Gobierno que eliminó la subvención a los combustibles, una medida que elevó hasta en 162 por ciento el precio del diésel y que el Ejecutivo defiende como clave para garantizar el abastecimiento y aliviar las finanzas del Estado.
Las movilizaciones, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y en su mayoría por mineros estatales, derivaron en enfrentamientos en los accesos a la plaza Murillo, sede del Gobierno y del Legislativo, donde manifestantes detonaron dinamita y lanzaron petardos, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos y gas pimienta para impedir su ingreso.
Los movilizados, entre los que también hay fabriles y maestros, marcharon nuevamente por el centro histórico de La Paz e intentaron entrar a la plaza por distintos accesos cerrados con vallas metálicas y custodiados por agentes antimotines.
En una de las esquinas donde se encuentran el edificio de la Vicepresidencia y del Banco Central de Bolivia (BCB), unos mineros intentaron retirar por la fuerza una valla metálica y lanzaron petardos y detonaron cargas de dinamita para hacer retroceder a los policías, quienes respondieron con gas pimienta y gases lacrimógenos para dispersarlos.
Algo similar pasó en otros accesos a la plaza Murillo, donde los manifestantes también detonaron dinamitas y lanzaron petardos, aunque en esos otros lugares la Policía no usó agentes químicos.
El máximo dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Andrés Paye, dijo a los medios que «cualquier medida» gubernamental tiene que beneficiar al «pueblo» y ratificó la demanda de que se abrogue el decreto 5503, que dispuso el retiro de la subvención de los carburantes.
Paye aseguró que se mantendrán «firmes» en sus protestas pese a los festivos por Año Nuevo.
Las marchas fueron nuevamente criticadas por varios transeúntes que intercambiaron insultos y cuestionaron a los sectores movilizados por el perjuicio y los daños que causan a la ciudad con la detonación de dinamitas.
Además de las marchas callejeras, en la víspera algunos manifestantes iniciaron huelgas de hambre en las sedes de la COB, que es la mayor entidad sindical del país, de la Fstmb y del magisterio urbano.
La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde el 22 de diciembre a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.
Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo.
El decreto 5503, que rige desde hace casi dos semanas, estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86 por ciento para la gasolina y del 162 por ciento para el diésel con respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2 mil 750 a 3 mil 300 bolivianos (395 a 474 dólares) y el aumento de los bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
Los dirigentes de la COB ya tuvieron una reunión la semana pasada con el presidente Rodrigo Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo porque el ente sindical condicionó el diálogo a que primero el Ejecutivo abrogue el decreto, algo que el Gobierno ha asegurado que no ocurrirá.
El Ejecutivo defiende que ya no era sostenible mantener la subvención y asegura que su retiro garantizó la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio y permite un ahorro diario al Estado de 10 millones de dólares.
