La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido el pasdo martes que las autoridades aún no han identificado al responsable del vertido de petróleo que afecta playas de Veracruz y Tabasco desde principios de marzo, pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) apunta a una empresa como posible origen.

“Todavía no se tiene identificada (…) Ahí Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada”, ha afirmado la mandataria en su conferencia matutina, al subrayar que la prioridad es esclarecer la causa del vertido y determinar si continúa la fuga.

Sus declaraciones se producen después de que la organización ambientalista Greenpeace México y la Red Corredor Arrecifal del golfo de México denunciaran que la mancha de crudo sigue expandiéndose en esa zona del sureste del país y que ya ha afectado más de 630 kilómetros de litoral, con severos impactos ambientales y sociales.

En ese sentido, la mandataria asegura que la estatal Petróleo Mexicanos (Pemex) continúa trabajando en las tareas de limpieza.

“Hay que decir que se está haciendo la limpieza (…) incluso se enviaron más trabajadores de Pemex para poder seguir con la limpieza”, ha declarado, a la vez que ha explicado que la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha sido requerida para una investigación independiente.

La mandataria ha anunciado que un grupo interdisciplinario investigará la causa exacta y la posible continuidad del vertido.

“Por eso hice el grupo interdisciplinario, para realmente conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga. O fue nada más de una sola ocasión”, ha aseverado.

Ha sostenido, asimismo, que las instituciones federales están operando desde el inicio de la emergencia. Sin embargo, no se ha logrado conocer la causa del derrame y hasta dónde han llegado las manchas de petróleo.

Finalmente ha informado de que las autoridades federales se reunirán este martes y que el Gobierno presentará un reporte amplio.

El derrame, detectado desde los primeros días de marzo, ha generado preocupación tanto en organizaciones civiles como en comunidades pesqueras. Según Greenpeace y la Red Arrecifal, las autoridades siguen sin aclarar el origen del vertido, lo que impide determinar si la fuga continúa activa.

Las ONG han señalado que 26 sitios siguen sin recibir atención y acusan que comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes han realizado labores de limpieza “sin equipo ni capacitación adecuados”.

Mientras tanto, el Gobierno ha detallado que se han recogido 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo, aunque activistas mantienen que la afectación sigue extendiéndose desde Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

La emergencia, advierten las organizaciones, no es solo ambiental, sino también social, y han solicitado suspender temporalmente actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona mientras se determina el origen y se sanciona a los responsables.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el martes que su Gobierno estudia una posible alianza energética con Petrobras, planteada directamente por el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y que la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) sostendrá una reunión en abril con la petrolera brasileña para evaluar los alcances económicos y técnicos.

“Sí, me lo propuso en la llamada de teléfono que tuvimos (…) me propuso que por qué no hacíamos una alianza con Pemex. Entonces, no lo hemos decidido”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana explicó que la reunión que tendrán Pemex y Petrobras en abril será clave para conocer con precisión las posibilidades de cooperación tecnológica y financiera.

El Gobierno de México presentó este martes una iniciativa de Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, con la que busca homologar el tipo penal en todo el país, aumentar las sanciones y unificar los protocolos de investigación.

La propuesta será enviada este martes al Congreso, según informó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, afirmó que el proyecto se construyó junto con la Secretaría de las Mujeres y que busca enfrentar una problemática que exige respuestas estructurales.

“Este delito que afecta a miles de mujeres nos debe llamar a erradicar la violencia feminicida y esto es lo que busca lo que estamos buscando con esta propuesta”, dijo durante la conferencia de prensa presidencial.

La propuesta establece nueve razones de género para configurar el feminicidio, incluyendo signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder, incomunicación o exposición del cuerpo.

Homologación federal del delito

Godoy detalló que se plantea “una pena de 40 a 70 años de prisión”, además de sancionar la tentativa “con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes”.

También se contemplan 21 agravantes, como que la víctima sea niña, adolescente, mujer mayor, tenga alguna discapacidad, pertenezca a pueblos originarios o afrodescendientes, o que el crimen se cometa frente a hijos o hijas.

La iniciativa también busca homologar protocolos para que “toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio”, con perspectiva de género obligatoria y “turno continuado”, para evitar la discontinuidad de las investigaciones.

Además, establece que el delito será perseguido de oficio, será imprescriptible y que el responsable perderá la patria potestad, tutela y derechos sucesorios respecto a las víctimas.

Por su parte, Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, subrayó que el feminicidio trasciende a la víctima directa.

“Estamos hablando de un delito que arrebata la vida de las mujeres, pero sin duda también cambia la vida de las personas de su círculo cercano, sobre todo de sus hijas e hijos”, afirmó, al explicar que la propuesta articula derechos para víctimas directas e indirectas, incluida la atención médica y psicológica y la asistencia jurídica.