Miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro marcharon el domingo por las calles de Brasilia en defensa de la libertad del expresidente brasileño, condenado y preso desde noviembre pasado por tramar un golpe de Estado.
La manifestación fue una iniciativa del diputado ultra Nikolas Ferreira, quien el lunes inició una caminata desde Paracatu, en el interior del estado de Minas Gerais, en dirección a la capital brasileña, durante la cual lo acompañó un grupo de seguidores y aliados del exmandatario.
El congresista, una de las voces de la extrema derecha brasileña más activas en redes sociales, asegura haber recorrido unos 240 kilómetros a pie por una autopista federal.
Este domingo, en la última etapa de su caminata, se le sumaron miles de personas a su paso por Brasilia, la mayoría vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, a pesar de la intensa lluvia que azotó el Distrito Federal.
En declaraciones a los medios de comunicación, Ferreira dijo que el objetivo de la caminata es «despertar a las personas y abrirles los ojos» frente a la situación del país, donde este año se celebrarán elecciones presidenciales, regionales y legislativas.
En este sentido, criticó la actuación de la Corte Suprema, que ha condenado a más de 800 personas por los violentos episodios del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes, en Brasilia, para incentivar una intervención militar contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido una semana antes.
Según la investigación, el asalto a Brasilia fue el colofón de una serie de acciones golpistas que buscaron mantener en el poder a Bolsonaro, tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.
El pasado 11 de septiembre, el Supremo condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por «liderar» ese complot golpista.
Una vez agotadas las apelaciones, la corte ordenó la ejecución de la sentencia a finales de noviembre, primero en un cuarto de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde el pasado 15 de enero, en un complejo penitenciario, también en la capital.
No obstante, el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras, aprobó en diciembre un proyecto de ley que, en la práctica, reduce las penas dictadas contra el exmandatario y quienes le secundaron en el intento de golpe.
Según los cálculos de sus aliados, si el proyecto entra en vigor, el capitán retirado del Ejército podría cumplir apenas dos años en régimen cerrado.
Lula vetó el proyecto el pasado 08 de enero, en el tercer aniversario del asalto a Brasilia, aunque el Parlamento tiene poderes para derribar ese veto y promulgar la ley, lo que previsiblemente será sometido a votación a la vuelta del receso legislativo.
