as alertas por «una escalada autoritaria», la detención de activistas de derechos humanos y el encarcelamiento de cientos de venezolanos, expulsados desde Estados Unidos y que no enfrentan procesos penales en El Salvador, marcan el primer año del segundo mandato consecutivo del presidente Nayib Bukele, señalado de ser inconstitucional.
Bukele asumió el 01 de junio de 2024 un segundo mandato consecutivo, prohibido por la Constitución, tras ganar a inicios de ese año unas elecciones también marcadas por denuncias de irregularidades por parte de la oposición.
Diversas organizaciones civiles advirtieron entonces que con la investidura de Bukele, que no fue cuestionada por ningún gobierno, se consolidó la «irregularidad constitucional», que comenzó en mayo de 2021 cuando su partido destituyó en el Congreso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema sin seguir el debido proceso.
Esta acción derivó meses después en que los nuevos magistrados, cercanos al oficialismo, habilitaran la reelección presidencial inmediata, una decisión señalada en ese momento de inconstitucional.
Bukele cumple el domingo -01 de junio- el primer año de este segundo período y se prevé que brinde desde la sede de la Asamblea Legislativa un mensaje a la nación, sin que se conozca los temas a abordar o si hará algún anuncio.
Escalada autoritaria
Celia Medrano, quien fue candidata a ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y excandidata a la Vicepresidencia salvadoreña, indicó que es «importante no reproducir el discurso oficial de que se cumple un año de un segundo mandato de gobierno presidencial».
«Para asumir nuevamente la presidencia la misma persona se han violentado principios constitucionales e irregularidades electorales, consumando una escalada autoritaria que seguirá profundizándose mientras no se concreten fuerzas sociales capaces de representar contrapesos», indicó Medrano.
Para Medrano «no se trata entonces de un primer año de ejercicio del actual gobierno», sino que «se trata de un año de ausencia de una Presidencia legalmente constituida, alcanzada mediante el atropello de la ley».
Subrayó que el atropello de la ley es «una de las principales características de estados autoritarios, dictatoriales y fascistas, palabras que definen bien lo que El Salvador vive actualmente».
Detenciones de activistas
Los señalamientos de autoritarismo contra Bukele no son nuevos y comenzaron a tomar fuerza en febrero de 2020 cuando ingresó al Congreso, en ese momento de mayoría opositora, acompañado de militares armados con fusiles de asalto para presionar por la aprobación de un préstamo.
Los más recientes se han dado tras la detención de al menos cuatro defensores de derechos humanos, entre ellos una reconocida abogada anticorrupción crítica del Gobierno, y el impulso de una Ley de Agentes Extranjeros.
«Estos no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática que criminaliza y encarcela a opositores políticos, luchadores sociales, líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil que alzan la voz para denunciar las violaciones de derechos humanos y el despojo de sus medios de vida bajo el régimen de excepción», apuntó en un comunicado el Grupo de Trabajo CLACSO Violencias en Centroamérica, integrado por organizaciones no gubernamentales.
Los detenidos son la jefa Anticorrupción de Cristosal, Ruth López; el portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala; el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez.
Las detenciones de Henríquez -abogado ambientalista- y Pérez -pastor evangélico- se dieron después de que un grupo de pobladores de una comunidad rural se concentraron la noche del 12 de mayo en las cercanías de una lujosa zona residencial en la que habita el presidente Bukele para pedir ayuda por un desalojo de cientos de familias.
Los activistas han sido acusados de desórdenes públicos y resistencia, a pesar de que la concentración fue pacífica.
En respuesta a la protesta, Bukele acusó a organizaciones no gubernamentales de «manipular» a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, la Ley de Agentes Extranjeros -ya aprobada- que impone un impuesto del 30 por ciento sobre las donaciones que reciben, y que además estipula multas y la disolución si no se cumple.
Venezolanos en limbo legal
Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Ejecutivo de Bukele estrechó lazos con Estados Unidos y ha recibido a más de 200 venezolanos expulsados desde el país norteamericano, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, y los ha encarcelado en una prisión de máxima seguridad para pandilleros.
Sin embargo, a la fecha, el Gobierno de El Salvador ha guardado silencio sobre el tema y no ha explicado la base legal que tiene mantener presas a estas personas, que de acuerdo con expertos se encuentran en una situación de desaparición forzada, y sin comunicación con familiares ni representantes legales.
