Singuilucan, Hgo.- El síndico procurador de Singuilucan, Donato de Jesús Ramírez Olvera, publicó un video en sus redes sociales, donde se disculpa por su actitud durante un altercado que tuvo la noche del pasado 30 de mayo, en las inmediaciones de la presidencia municipal, en el marco de la celebración de la feria en honor al Señor de Singuilucan.
No obstante, regidores del actual ayuntamiento han solicitado su destitución, y giraron oficios a la Contraloría municipal para que se apliquen las sanciones basadas en la normativa vigente a nivel local y estatal.
El grupo de regidores presentó una denuncia administrativa grave y exigió la renuncia inmediata del síndico, al considerar que su conducta vulneró la normativa municipal y los principios del servicio público.
En el documento dirigido al Órgano Interno de Control del municipio, los regidores Areli López Alcántara, Ali Denis Martínez Romero, Alberto Vargas Bistrain y Felipe León Téllez solicitaron el inicio de una investigación formal en contra del funcionario, a quien acusan de amenazas de muerte, abuso de autoridad y conducta indebida.
En el oficio solicitan también que el gobierno municipal, dé parte al Ministerio Público y aplique sanciones que garanticen la no repetición y hasta la inhabilitación de Ramírez Olvera.
La denuncia señala que los hechos ocurrieron el pasado 30 de mayo, entre las 22:00 y 23:00 horas, en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Singuilucan, dentro del marco de las fiestas patronales.
De acuerdo con el escrito, el síndico presuntamente se encontraba “en estado alterado, aparentemente bajo el influjo del alcohol o sustancias”, cuando encaró de manera agresiva a ciudadanos presentes.
Como principal prueba, los regidores aportaron un video de 51 segundos difundido en redes sociales, en el que, afirman, se escucha claramente al funcionario lanzar la amenaza: “¡Te voy a matar!”.
El documento sostiene que la conducta del síndico no puede considerarse un hecho aislado, sino una falta grave que dañó la imagen institucional del gobierno municipal.
“La conducta desplegada por el Síndico Municipal no es un hecho aislado ni una simple discusión: constituye una falta grave, al haber amenazado de muerte a un ciudadano, bajo efectos de sustancias, en vía pública y abusando de su cargo”, señala el texto presentado ante el órgano de control.
Asimismo, los denunciantes argumentan que las acciones atribuidas al funcionario violan principios de legalidad, honradez, imparcialidad y respeto a los derechos humanos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En el apartado de peticiones, los regidores solicitaron admitir la denuncia e iniciar la investigación administrativa correspondiente “únicamente en contra” del síndico municipal.
Además, pidieron que, en caso de acreditarse la responsabilidad, se impongan las sanciones máximas previstas por la ley.
“Se apliquen las sanciones máximas que establece la ley, consistentes en la destitución inmediata de su cargo de síndico, inhabilitación para ejercer cargos públicos y las multas correspondientes”, se lee en el documento.
La denuncia también sostiene que, como integrantes del Cabildo, tienen la obligación legal y moral de vigilar la conducta de los servidores públicos y denunciar irregularidades que afecten a la población y a la administración pública.
A este oficio se suma otro que giraron el pasado 2 de junio, en el que además de investigar los hechos, piden a la contraloría municipal que también indague a los elementos de policía que atestiguaron el acto y no lo detuvieron:
“Que se inicie la investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Que se recaben las pruebas, testimonios y demás elementos necesarios para determinar la veracidad de los acontecimientos denunciados. Que se investigue la actuación de los elementos de la policía municipal que presuntamente no realizaron acción alguna ante los hechos denunciados, determinando las responsabilidades que, en su caso, correspondan. Que, en caso de acreditarse alguna responsabilidad de cualquier servidor público, administrativa o legal, se dé vista a las autoridades competentes para que procedan conforme a derecho”.
También pidieron que se informe sobre el seguimiento y resultado de la presente solicitud en los términos que establezca la normatividad aplicable.
