En un giro histórico para la administración pública de Hidalgo, la corrupción ha dejado de ocultarse bajo el escritorio para convertirse en un tema de persecución institucional. Con el respaldo de más de 90 denuncias penales y una recuperación de recursos públicos sin precedentes, el gobierno estatal, liderado por Julio Menchaca Salazar, reafirma su política de cero tolerancia ante las irregularidades.
Álvaro Bardales, titular de la Secretaría de Contraloría, señaló que la visibilización de este problema es clave; según la encuesta ENCIG 2025 del INEGI, la entidad registra una prevalencia de 21,452 personas afectadas por cada 100 mil habitantes, cifra que refleja un aumento en la denuncia ciudadana. La estrategia no solo incluye inhabilitaciones y auditorías a municipios, sino también la vinculación a proceso de servidores públicos y expresidentes municipales. Mediante el «Modelo Hidalgo Honesto», se busca erradicar tanto las malas prácticas del pasado como la corrupción cotidiana en trámites y servicios.
