IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
La violencia Feminicida en Cifras de ALyC hacia la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado, destaca la gravedad y persistencia de esta vulneración de derechos, en 2025, los países de la región firmaron el Compromiso de Tlatelolco, estableciendo una década de acciones para lograr la igualdad de género y una sociedad del cuidado, con énfasis en legislar, prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, incluyendo el feminicidio, prácticas nocivas y violencia digital.
La disponibilidad de servicios integrales de prevención y atención es clave para promover la autonomía femenina, las cifras oficiales de 2024 reportan al menos 3,770 feminicidios en 26 países, la mayoría perpetrados por parejas o exparejas, afectando principalmente a mujeres entre 15 y 44 años. Honduras, Guatemala y la República Dominicana muestran las tasas más altas, aunque en algunos países las cifras han disminuido, reflejando avances normativos y acciones específicas contra la violencia de género, sin embargo, la violencia digital, que incluye ciberacoso y divulgación no consentida de imágenes, también se ha reconocido como una forma grave que afecta especialmente a mujeres en espacios públicos, laborales y digitales.
A nivel legal, todos los países cuentan con leyes para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluyendo tipificación de feminicidio en 20 países y normas contra el matrimonio infantil en 17, aunque aún existen vacíos en la tipificación del feminicidio en grado de tentativa y en el registro de la violencia en contextos digitales. La mayoría de los feminicidios ocurren en relaciones cercanas, y muchas víctimas tenían antecedentes de denuncias previas, lo que subraya la necesidad de fortalecer las medidas de protección y los sistemas de justicia.
El acceso a la justicia sigue siendo un desafío, ya que la impunidad, las demoras y la revictimización dificultan la protección efectiva de las mujeres; la violencia sexual, que a menudo precede o acompaña al feminicidio, también se incluye en los análisis y protocolos de evaluación de riesgo, reconociendo su papel como factor de peligro. La incorporación de indicadores específicos y la coordinación interinstitucional son esenciales para prevenir estas muertes, que reflejan un patrón de violencia estructural y discriminación que requiere respuestas integrales, sostenidas y con perspectiva de género.
La violencia sexual y de género que enfrentan niñas y adolescentes en ALyC, destaca su gravedad como una violación fundamental de derechos humanos, según UNICEF, 45 millones de niñas y mujeres en la región han sufrido violencia sexual antes de los 18 años, estudios de la OMS indican que entre el 17 y el 28 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años han experimentado violencia por parte de su pareja, con cifras alarmantes en países como Bolivia y México, donde la violencia en relaciones tempranas y uniones infantiles aumenta el riesgo de agresiones.
Los esfuerzos estatales incluyen avances normativos, protocolos de atención, servicios especializados, campañas educativas y la despenalización parcial del aborto en casos de violación, no obstante, aún persisten desafíos en la implementación efectiva, la asignación de recursos, la coordinación intersectorial y la cobertura de programas preventivos. La existencia de leyes específicas y protocolos en países como Venezuela, Brasil, Honduras y México son pasos importantes, pero su efectividad requiere fortalecer instituciones, capacitar operadores judiciales y mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo anticoncepción y atención integral.
La Opinión Consultiva 31 de 2025 de la Corte Interamericana subraya que el cuidado y la igualdad de género son derechos humanos esenciales, y que transformar los patrones socioculturales es imprescindible para prevenir la violencia.
