El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, vetó una ley destinada a proteger los derechos constitucionales de los inmigrantes detenidos en operativos federales, solo unos días después de firmar una proclamación que destacaba las contribuciones de los inmigrantes al estado.
El veto, anunciado este jueves, contrasta con la proclamación emitida por Polis a comienzos de la semana, en la que llamó a «honrar las diversas culturas de inmigrantes» y a «reconocer que la vitalidad de nuestra economía, nuestra cultura y nuestras comunidades se fortalece continuamente gracias a las habilidades, el trabajo arduo y el compromiso cívico de los inmigrantes».
El proyecto, promovido por la senadora estatal demócrata Julie Gonzales y respaldado ampliamente por ambas cámaras, habría creado una vía legal para que cualquier persona pudiera acceder a servicios jurídicos financiados por Colorado si consideraba que agentes federales habían vulnerado sus derechos.
La ley estipulaba un monto inicial de 125 mil dólares para el costo de representación legal de los inmigrantes que decidieran iniciar un «recurso de equidad o cualquier otro recurso apropiado».
Al respecto, Karen Orona, portavoz de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC), detalló que la ley «ofrecía una vía legal para exigir responsabilidades a los funcionarios federales por tales abusos».
Eso significa, expresó la activista, que si la ley hubiera sido aprobada, los inmigrantes hubieran contado con el marco legal necesario para demandar a funcionarios federales.
