Karla Perales Arrieta, diputada local por Movimiento Ciudadano (MC), propuso ante el pleno de la 66 Legislatura una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de facultar al Tribunal Superior de Justicia para suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar mensualmente la información sobre el incumplimiento de obligaciones alimentarias, con el objetivo de integrarla al Registro Nacional.
La diputada destacó la importancia de que dicha información esté actualizada y publicada en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, una herramienta electrónica a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuya finalidad es concentrar los datos de personas deudoras y acreedoras de obligaciones alimentarias.
Perales Arrieta subrayó que es esencial facultar al tribunal para que acceda y actualice este registro, y así usarlo como instrumento para “la efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Asimismo, explicó que el registro es público, gratuito y digital, conforme a lo establecido en la Ley General y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y estará disponible en el sitio oficial del DIF Nacional.
“Para los deudores alimentarios, evadir responsabilidades resulta sencillo, ya que pueden falsear su domicilio, lugar de trabajo o ingresos. Esta práctica complica la labor de las autoridades y perpetúa la impunidad”, señaló la legisladora, quien además acusó al Estado de ser el principal deudor alimentario al no intervenir adecuadamente, lo que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños.
Agregó que la responsabilidad alimentaria no se limita al derecho básico a la alimentación, sino que también garantiza un entorno seguro y propicio para el desarrollo emocional, social y académico de la niñez. “La falta de recursos puede derivar en situaciones de extrema vulnerabilidad. Las hijas e hijos, en su desesperación, pueden recurrir al consumo de drogas o incluso al suicidio. El estrés constante de la pobreza los obliga, desde temprana edad, a asumir responsabilidades que no les corresponden, como mantener a la familia”, advirtió.
Finalmente, señaló que aunque muchos intentan ver el tema como un asunto privado, se trata de un problema público. “El incumplimiento masivo de pensiones alimenticias debilita el desarrollo infantil, genera rezagos en educación y salud, y perpetúa las brechas de género. Hablar de pensión alimenticia no es un asunto doméstico ni de rencores personales: es hablar de derechos humanos”, concluyó.
