Tulancingo de Bravo, Hgo.- Ciudadanos de Tulancingo denunciaron que el pasado 2 de agosto acudieron a visitar los restos de sus familiares, resguardados en el panteón municipal de San Miguel, no obstante, hicieron público que estos no se encontraban en el sitio que habían contratado a perpetuidad.
Por su parte, el municipio señaló que procederá de forma legal, para que se investigue el uso del guarda restos, además de sustentarse en la Ley de Ingresos aprobado en el Congreso del Estado.
“El 2 de agosto de 2026, aproximadamente a la 1:30 p.m., acudí al guarda‑restos de nuestra propiedad, amparado por título expedido por el Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, y constaté que se encuentra completamente vacío y sin los restos de mi hermano y mi abuela. Solo se apreciaba una bolsa con material de construcción, sin que yo tocará nada (tomé fotografías y video como prueba)”, señala la denuncia ciudadana.
Detallaron que este espacio se ubica en la sección nueva, en la parte trasera del panteón, junto a uno de los accesos laterales.
“Al preguntar al personal de guardia, nadie supo dar razón; indicaron que se comunicarían con su superior…, y que se levantaría reporte el lunes. Solo recibimos respuestas verbales sin compromiso alguno”.
La mujer inconforme y su hermano, titular del contrato, acudieron al Centro de Servicios Integrales de la Fiscalía General del Estado, ubicado en Carretera Tulancingo–Santiago Tulantepec; sin embargo, lo remitieron de regreso y le indicaron que debía presentar escritos dirigidos a la Presidenta Municipal y al Director de Panteones, negándose a recibir la denuncia.
De acuerdo con lo narrado, el pasado lunes 3 de agosto acudieron de nuevo al panteón a entregar escrito formal, donde les informaron que debían pagar un refrendo o impuesto de 220 pesos.
“Le recordé que al adquirir el derecho de uso a perpetuidad, se nos informó que no se pagaría cantidad adicional alguna, que el espacio era de nuestra propiedad y que cualquier modificación requería nuestro consentimiento por escrito. Ante esto, se negó a recibir y sellar el escrito, dando únicamente respuestas verbales”.
La denunciante señaló que acudió a Presidencia Municipal y a Contraloría Municipal, donde les levantaron un acta administrativa, sin que se diera solución ni intervención efectiva.
“Ante la negativa en Tulancingo, viajé a Pachuca, donde sí me recibieron la denuncia y se me asignó número de carpeta de investigación”, concluyó.
Posicionamiento del gobierno municipal
Derivado del reporte presentado el pasado 2 de agosto por una persona que manifestó la ausencia de restos áridos de sus familiares en un guarda-restos del Panteón Municipal San Miguel, el Gobierno Municipal de Tulancingo informa que la Dirección de Panteones Municipales presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial competente para que se investiguen los hechos y, en su caso, se determinen las responsabilidades a que haya lugar.
El Gobierno Municipal expresa su solidaridad con la familia afectada y refrenda su disposición de colaborar plenamente con la autoridad investigadora para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Es importante precisar que la presente administración ha dado cumplimiento puntual a los procedimientos administrativos que legalmente le corresponden, sin que ello implique asumir responsabilidad por posibles irregularidades u omisiones originadas en administraciones anteriores, las cuales, en su caso, deberán ser investigadas y determinadas por las autoridades competentes.
De manera paralela, la Dirección de Panteones Municipales fortalecerá las acciones de regularización administrativa de los espacios de inhumación y reforzará las medidas de vigilancia y el estricto cumplimiento de los horarios de acceso.
Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que el mantenimiento de capillas, nichos, guarda restos y fosas corresponde a las personas titulares del derecho de uso, así como el pago anual previsto en la Ley de Ingresos vigente.
Actualmente, se ha identificado que aproximadamente el 70 por ciento de los espacios presentan alguna situación administrativa susceptible de regularización, como falta de actualización de datos, documentación incompleta o refrendos pendientes.
