Zempoala, Hgo.- Luego de la supuesta remoción de su cargo, la Síndica Hacendaria de Zempoala, Karla Gutiérrez, fijó su posicionamiento respecto a la situación generada al interior de la Asamblea Municipal.
La funcionaria señaló que la determinación tomada por los integrantes del Cabildo es anticonstitucional, ya que desconocen las leyes y se han tomado atribuciones que solo competen a autoridades como el Congreso del Estado y el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH), siempre y cuando existan motivos para aplicar una sanción de ese tipo.
En un video que dio a conocer, expresó que desde el inicio de la administración ha enfrentado obstáculos para obtener información financiera y administrativa necesaria para cumplir con una de sus principales responsabilidades: vigilar el patrimonio del municipio.
Detalló que, en el ejercicio de sus atribuciones, realizó solicitudes a diferentes titulares de dependencias municipales y al propio alcalde, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, situación que escaló a un conflicto personal y que la obligó a iniciar juicios ante el TEEH, instancia que emitió diversas resoluciones para que la información requerida le fuera entregada de manera oportuna y veraz.
Asimismo, afirmó que funcionarios de Tesorería, Obras Públicas, entre otras áreas, han trabajado en la opacidad y, tratando de ocultar sus responsabilidades, suben directamente la información a la página de transparencia sin la debida autorización de la Sindicatura Hacendaria.
Sostuvo que esta disputa legal trascendió porque se negó a firmar determinados informes al no recibir la información certificada, completa y debidamente sustentada que solicitó.
«Políticamente hablando, resulta muy delicado que desde la Presidencia Municipal se quiera y pretenda tratar una posición emanada de las urnas como si fuera un puesto de confianza que puede quitarse cuando alguien deja de ser políticamente cómodo», aseveró.
Expresó que «una cosa es gobernar y otra muy distinta es pretender gobernar sin contrapesos», ya que la Sindicatura Hacendaria existe precisamente para revisar, vigilar y cuestionar cuando sea necesario el manejo de los recursos económicos.
Karla Gutiérrez señaló que el conflicto no terminó ahí, pues afirma que posteriormente fue sometida a un procedimiento administrativo y finalmente separada de su cargo, situación que considera un abuso y una violación a sus derechos político-electorales.
«Un Cabildo donde todos dicen ‘sí, señor presidente’ puede ser muy cómodo para quien lo administra, pero es insano para los ciudadanos», refirió. Agregó que si se ha equivocado en sus funciones, la respuesta debería ser sencilla: que se le entreguen los documentos que ha requerido para transparentar las cuentas.
Finalmente, dijo que si la acusación de fondo es que una funcionaria electa fue removida por exigir información, el acto es completamente anticonstitucional y confió en que las autoridades competentes le darán la razón ante la forma arbitraria en que actuaron sus compañeros de la Asamblea Municipal.
