Singuilucan, Hgo.- La presidenta municipal de Singuilucan, Yazmín Dávila, convocó a sus gobernados la mañana de este viernes 25 de abril, a una asamblea “pacífica, como ella misma la calificó, para informar que su gobierno ha iniciado el proceso de defensa para echar abajo el embargo de distintos bienes y cuentas bancarias que iniciaron 24 ex trabajadores, tras ganar demandas laborales; además, informó que a partir de este fin de semana, se retomaban las atenciones y servicios básicos para los singuiluquenses por parte de presidencia municipal, luego de dos días de inoperatividad.
Ante más de 200 personas reunidas en la plaza principal, frente a presidencia municipal, señaló que, de acuerdo con distintas normativas legales, los bienes del municipio, así como las partidas presupuestales con las que cuenta, sin inembargables.
Agradeció a quienes acudieron al llamado y dijo que el mensaje es claro, buscar la unidad entre gobierno y pueblo para evitar lo que consideró como un saqueo, orquestado por Arturo Gil Borja, a quien señaló directamente de estar mal asesorando a los ex trabajadores.
“No es la primera vez que los singuiluquenses nos reunimos para defender lo que es nuestro, Singuilucan hoy alza la voz de manera firme para decir: no más saqueos”, dijo en su discurso ante sus gobernados.
Explicó que en 2016 se originó una demanda por parte de 30 extrabajadores, la cual, ha derivado en la actualidad, en una resolución que determina que el municipio pague más de 21 millones de pesos, pero además, “amparados por un Poder Judicial podrido y corrupto, intentaron embargar los bienes que hoy nos pertenecen”.
Recordó que la orden de embargo incluye la presidencia municipal, el terreno para un nuevo panteón en Caraballo, una capilla en la comunidad de San Joaquín, el auditorio municipal y hasta una fosa séptica; así como las cuentas bancarias, donde se resguarda el dinero de los servicios básicos, destinadas para “obra pública, agua, seguridad, recolección de basura, caminos, alumbrado, traslados médicos y acciones de desarrollo que se llevan a cabo en un municipio”.
“Hoy les digo que ese intento de embargo es ilegal e improcedente… no se pueden tocar por ley”, aseguró.
Dijo que han iniciado con el proceso de nulidad de embargo, sustentado en que, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, “los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Señaló también que, “ni un solo peso se van a llevar”, pues la Ley de Coordinación Fiscal dice que las participaciones de los municipios son inembargables, no pueden utilizarse para fines específicos ni están sujetas a retención; por ley no pueden tocar nuestros bienes ni nuestras cuentas, ellos no se las van a llevar”.
También informó que están preparando una denuncia penal por abuso de autoridad y violación de derechos procesales contra el Tribunal de Arbitraje, el cual realizó el proceso de embargo “con muchas irregularidades”.
Agregó que están analizando a detenimiento todo el expediente de estos trabajadores para identificar vicios de origen. Y aseguró que el actuar de las autoridades están fortalecidos por asesores expertos en materia laboral.
“Hemos contado en todo momento con el respaldo y acompañamiento de la Coordinación Jurídica del gobierno del estado de Hidalgo… estamos uniendo estrategias jurídicas que pueden echar abajo este intento de saqueo”, declaró y al mismo tiempo agradeció al gobernado Julio Menchaca Salazar.
“A partir de este momento nuestro gobierno reanuda sus actividades… no nos pueden anular nuestra operatividad”, subrayó.
La presidenta también manifestó que estos extrabajadores, están asesorados, y quien está atrás de esta situación, “es el abogado Arturo Gil Borja… es uno de los principales responsables de una infame demanda laboral que amenaza con despojar a Singuilucan de sus bienes públicos… Arturo Gil Borja no busca justicia alguna, él quiso impedir incluso que se negociara con los trabajadores, los engañó… es un vil saqueador de patrimonio colectivo que en gobierno anteriores se sentía intocable y aprovechando ese cobijo hizo renombre como el abogado saqueador de municipios”.
“Su modus operandi, alargar juicios y cobrarles un porcentaje significativo a los trabajadores, es decir, vivir del dinero del pueblo, movido por su ambición desmedida que le caracteriza”, remató.
Yazmín Dávila informó que, a título personal, presentó una denuncia ante el ministerio público en contra de Gil Borja, pues asegura que intentó sobornarla en diciembre del año pasado, ofreciendo el 20 por ciento de lo pagado a los ex trabajadores, a lo cual no accedió. “Estoy segura que será juzgada por este y otros actos”.
