El investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Alfredo René Uribe Manríquez, precisó que la solicitud de acceso a la información pública disminuyó 22 por ciento tras la reciente reforma, lo que refleja una preocupante tendencia hacia la opacidad.
Señaló que el documento, en vigor desde el pasado 5 de agosto, no presenta diferencias sustanciales respecto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, salvo en dos aspectos principales: la reducción del plazo para publicar datos, que pasó de tres meses a uno, y la focalización de las disposiciones en el sector energético, particularmente en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Advirtió que la normativa evidencia incumplimientos en materia de escrutinio público y subrayó la necesidad de que las autoridades actúen con mayor rigor; asimismo apuntó que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejó estas funciones en manos de órganos estatales, situación que, a su consideración, debilita la autonomía institucional y los sistemas de vigilancia.
El académico del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), detalló entre los beneficios potenciales de la disposición, la obligación de visibilizar archivos relevantes del sector energético, como los estados financieros y los programas de fiscalización, sin embargo, también identificó diversas desventajas, entre ellas la redundancia jurídica, una menor exigencia para las entidades federativas y la falta de soluciones a problemas fundamentales, como la reserva de expedientes y la independencia de los entes encargados de garantizar este derecho.
En cuanto a su impacto social, explicó que la medida busca ofrecer documentación oficial de manera más oportuna, especialmente aquella relacionada con contratos y recursos estratégicos; no obstante, consideró que la reforma generó duplicidad de funciones y tuvo principalmente un efecto mediático, sin atender de fondo los retos que enfrenta el acceso público en el país.
Finalmente, sostuvo que la apertura gubernamental ha enfrentado mayores obstáculos y que el nuevo panorama institucional se ha vuelto más complejo, por lo que resulta necesario fortalecer los mecanismos de revisión y garantizar condiciones que permitan a la sociedad ejercer plenamente su derecho a saber.
