Con el objetivo de crear un procedimiento administrativo que permita a las personas modificar su nombre cuando éste les genere afectaciones a su dignidad, identidad o desarrollo personal, integrantes de la 66 Legislatura del Congreso de Hidalgo presentaron una iniciativa para reformar la Ley para la Familia.
La propuesta plantea establecer que cualquier persona pueda solicitar ante el Registro del Estado Familiar la modificación de su nombre o nombres propios cuando éstos sean motivo reiterado de burlas, acoso, discriminación, violencia, estigmatización o afectaciones psicoemocionales.
De acuerdo con la exposición de motivos: “el nombre constituye un derecho humano vinculado directamente con la identidad y la dignidad de las personas, por lo que no debe entenderse únicamente como un dato asentado en un acta de nacimiento, sino como un elemento fundamental para la construcción de la personalidad y la participación social”.
En la argumentación, Tania Meza Escorza, diputada de Morena y una de las promoventes, argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el derecho al nombre contempla no sólo la posibilidad de contar con una identidad legal, sino también la facultad de modificarla cuando sea necesario para adecuarla a la realidad personal y social de quien lo porta.
El proyecto señala que el trámite sería realizado por la vía administrativa, sin necesidad de acudir a un proceso judicial, siempre que no implique modificaciones a la filiación ni a los apellidos. Para ello, las personas interesadas deberán presentar una solicitud, copia certificada del acta de nacimiento, identificación oficial y una manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los motivos de la petición.
Además, deberán aportar elementos razonables que permitan acreditar la afectación, aunque la autoridad no podrá imponer requisitos excesivos que obstaculicen el ejercicio del derecho a la identidad.
Finalmente, el Oficial del Registro del Estado Familiar tendría un plazo máximo de 30 días hábiles para resolver la solicitud, bajo principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación, accesibilidad, sencillez administrativa y enfoque de derechos humanos.
