Yarabi González Martínez, diputada local de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de fortalecer la protección de los bosques y combatir la impunidad relacionada con la tala ilegal.
Durante su intervención, la legisladora señaló que la propuesta coloca en el centro la seguridad de las personas que viven en el campo, entre ellas ejidatarios, comuneros, integrantes de pueblos indígenas y activistas ambientales, quienes enfrentan riesgos físicos al defender los recursos naturales ante la falta de vigilancia y el avance de grupos organizados dedicados al saqueo maderero.
De acuerdo con el proyecto, las penas previstas aumentarán en una mitad cuando se ejerza violencia física, coacción o amenaza contra propietarios, legítimos poseedores, ejidatarios, comuneros, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, autoridades o personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
El incremento de la punibilidad también aplicaría cuando la conducta se cometa dentro de un área natural protegida de competencia estatal o municipal, o en un área considerada de valor ambiental; así como cuando exista ánimo de lucro para facilitar o forzar el cambio de uso forestal hacia proyectos de urbanización, fraccionamientos, infraestructura comercial o monocultivos agroindustriales.
La iniciativa también contempla sanciones específicas para servidores públicos que utilicen su cargo público para participar en estos delitos. En esos casos, además de las penas correspondientes, se propone la destitución e inhabilitación para desempeñar otro puesto en el servicio público durante un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
Una de las agravantes de mayor alcance establece que, cuando las conductas provoquen el despojo o desplazamiento forzado de comunidades originarias de sus territorios, o generen la pérdida irreversible de un ecosistema, se impondría el doble de la punibilidad correspondiente.
En la exposición de motivos se advierte que la defensa de los bosques ante la tala clandestina ha recaído de manera desproporcionada en habitantes, campesinos y activistas ambientales debido a la escasez de recursos destinados a la inspección y vigilancia forestal. Como ejemplo, la legisladora mencionó el caso de Filiberta Nevado Templos, defensora del bosque de niebla de Zacacuautla, en Acaxochitlán, quien ha enfrentado persecución y amenazas por su activismo contra la tala clandestina.
