Por: Alejandro Alemán
Cifras actualizadas revelan que en 2024, 115 niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años fueron registradas como madres o embarazadas en el estado de Hidalgo según se dio a conocer en el marco del conversatorio celebrado en Pachuca, Salud Pública en Hidalgo: Retos Jurídicos y Desafíos de Política Pública.
Este panorama pone de manifiesto que el embarazo infantil no es solo un asunto de salud reproductiva, sino una problemática urgente de derechos humanos e interés superior de la niñez que frecuentemente está vinculada a situaciones de abuso o violencia sexual.
Ante los hechos, especialistas y organizaciones se han unificado para exigir una estrategia de Estado con respaldo normativo que trascienda los periodos administrativos y las campañas temporales.
Durante el evento se presentaron propuestas concretas para reformar la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, a fin de obligar a las autoridades a garantizar un programa permanente de prevención primaria, brigadas itinerantes en comunidades de la sierra y zonas alejadas.
Asimismo, se recalcó la importancia de optimizar la articulación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) y la Ruta NAME para asegurar una detección temprana y un acompañamiento integral que proteja a las menores de edad.
En el evento llevado a cabo el fin de semana pasado en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, se formalizó la integración de la coordinación estatal en Hidalgo de la asociación civil nacional Vincula Derecho en Común, presidida por María Lachino.
En este mismo espacio, la secretaria de salud estatal, Vanesa Escalante Arroyo tomó protesta a la coordinación hidalguense de la asociación presidida por Graciela Ochoa Quijada, quien reiteró la disposición del organismo para colaborar con análisis jurídico riguroso, acompañamiento técnico a legisladores y orientación a las familias con el fin de erradicar este problema en la entidad.
