Tulancingo de Bravo, Hgo.- La audiencia de juicio oral por el triple feminicidio de Santiago Tulantepec, programada para este lunes 19 de junio, fue diferida luego de que el Tribunal resolvió programar una nueva sesión para el próximo 6 de julio, con el propósito de continuar el desahogo de pruebas y testimonios dentro del proceso que se sigue contra los tres imputados.
Durante la sesión, la representación jurídica de las víctimas solicitó al Tribunal el auxilio judicial para solicitar a la madre de una de las víctimas su testimonio, mismo caso con una perito adscrita a la Procuraduría.
En el mismo acto procesal, también se informó sobre ajustes en la lista de personas llamadas a declarar. La parte acusadora desistió de cuatro de los 33 testigos que originalmente tenía previstos.
Tras analizar las solicitudes de ambas partes, los jueces determinaron que la siguiente audiencia se celebrará el 6 de julio al mediodía. Asimismo, autorizaron que una de las víctimas indirectas comparezca de manera remota, al acreditar que su residencia se encuentra fuera del estado de Hidalgo.
Mientras la audiencia se desarrollaba al interior de los juzgados, familiares de las víctimas permanecieron en el exterior del inmueble para exigir que el proceso concluya con una sentencia condenatoria y que se imponga la pena máxima a los responsables del múltiple feminicidio.
Con cartulinas, lonas y consignas, familiares y amigos de las víctimas protestaron afuera de los Juzgados Penales de Control de Tulancingo, exigiendo pena máxima para los tres presuntos culpables.
Esto ocurre el mismo día en que comenzará la fase de juicio por este caso ocurrido el 30 de julio de 2024, toda vez que concluyó la etapa de debate en donde más de 30 personas catalogadas como testigos, desahogaron sus posicionamientos.
“Exigimos la pena máxima para que estas personas no salgan, no merecen estar en la calle (…) exigimos una sentencia justa y nosotros como papás exigimos pena máxima”, expusieron padres.
Además de familiares y amigos, testificaron agentes periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), vecinos de la localidad de San Isidro y médicos forenses que intervinieron en las diligencias.
