La docente del Área Académica de Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gloria Contreras Jiménez, destacó que para asegurar un empleo digno y libre de violencia hacia las mujeres, no basta con crear nuevas leyes; es imperativo transformar de raíz los factores sistémicos que producen y perpetúan la desigualdad.
Detalló que hablar de justicia en el empleo implica proveer lugares seguros, servicios de salud, tiempos de desconexión y remuneraciones suficientes para cubrir las necesidades básicas, todo bajo un marco de respeto absoluto sin importar las jerarquías institucionales.
No obstante, advirtió que el escenario actual está fuertemente marcado por la «feminización de la pobreza», pues de acuerdo con cifras recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por cada 100 hombres en dicha situación, existen 118 mujeres, métrica que asciende a 120 cuando se trata de precariedad extrema.
Dijo que esta disparidad obedece a la persistente brecha salarial y a las severas barreras de contratación que enfrentan las embarazadas, las madres de familia y quienes sostienen labores domésticas no remuneradas; y a esto se agrega la nula flexibilidad que ofrecen los empleadores para otorgar permisos ante emergencias vinculadas a la crianza de los menores.
En consecuencia, tanto en el sector formal como en el informal, la fuerza productiva femenina enfrenta dobles o triples jornadas, luego que al concluir sus turnos en fábricas, oficinas o empresas, asumen las tareas de cuidado, limpieza y alimentación en sus hogares, lo que reduce drásticamente su descanso y detona un severo desgaste físico y emocional.
Precisó que a este panorama se añade el acoso y el hostigamiento sexual, pues señaló que la falta de protocolos efectivos dificulta la denuncia y revictimiza a las afectadas, quienes muchas veces toleran las agresiones por temor a perder su única fuente de ingresos ante un mercado restrictivo.
Ante esta realidad, Contreras Jiménez hizo un llamado apremiante para que los centros de trabajo diagnostiquen sus propios contextos y diseñen mecanismos de atención para los casos de vulneración de derechos; asimismo, exhortó a capacitar al personal encargado de estas áreas para brindar un acompañamiento integral con auténtica perspectiva de género.
Finalmente, puntualizó que si bien México cuenta con el andamiaje legal para proteger a las trabajadoras, el Estado y la sociedad deben impulsar políticas públicas y campañas que cuestionen, desactiven y dejen de reproducir los estereotipos y roles que normalizan esta violencia estructural.
