Paraguay convocó este martes al embajador de Brasil en Asunción, José Antônio Marcondes de Carvalho, y suspendió «indefinidamente» las negociaciones sobre el anexo C del tratado de la represa compartida de Itaipú, luego de que ese país admitió que organizó en 2022 una operación de espionaje contra su vecino.
En una conferencia de prensa, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, indicó que se pedirán al diplomático «explicaciones detalladas» sobre el operativo, organizado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y que se canceló el 27 de marzo de 2023, según admitió este lunes el Gobierno de ese país.
«Esta es una violación del derecho internacional, la inmiscusión en asuntos internos por parte de un país en otro», sentenció el titular de Exteriores, que llamó «inmediatamente» al embajador paraguayo en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, para que «informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia».
De igual forma, el titular de Exteriores comunicó la suspensión indefinida de «todas las negociaciones» con el gigante suramericano sobre al anexo C del tratado de la hidroeléctrica de Itaipú, «hasta tanto el Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del Gobierno de la República de Paraguay».
Brasil admitió este lunes la operación de espionaje luego de que el medio brasileño ‘UOL’ revelara que la Abin invadió los ordenadores de «cinco o seis» altos funcionarios del Gobierno de Paraguay para obtener informaciones confidenciales relacionadas con las tarifas de Itaipú y el anexo C, que establece las bases financieras de la hidroeléctrica.
Ramírez señaló que aunque las operaciones de espionaje admitidas por Brasil ocurrieron durante el Gobierno del ahora expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023), las acciones de su vecino implicaron una «infiltración de un Estado a otro».
«Obviamente que este es un tema delicado que aborda una cuestión de infiltración de un Estado sobre otro, de interferencia en asuntos internos de la República del Paraguay», se quejó el canciller, para quien «esto vulnera el derecho internacional».
En ese contexto, el ministro de Exteriores, quien compareció ante los periodistas acompañado por sus colegas de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y de Industria y Comercio, Javier Giménez, consideró que Asunción necesita «todas las aclaraciones necesarias».
Giménez defendió la decisión de suspender las negociaciones con Brasil, al indicar que se debe «restituir aquello que es fundamental para una relación, que es la confianza».
Giménez, quien es parte del equipo negociador paraguayo, dijo confiar en que el Gobierno brasileño ofrezca «las explicaciones pertinentes» en «sumo detalle» para volver a sentarse en la mesa de negociaciones.
«Estamos seguros que en el transcurrir de los días vamos a poder sentarnos nuevamente en la mesa a emprender este proyecto binacional que es sumamente importante para el Gobierno del Paraguay», agregó el funcionario.
Ambos países habían acordado el próximo 30 de mayo como fecha límite para concluir los diálogos sobre el anexo C, que forma parte del Tratado de Itaipú, firmado en 1973.
Ese apartado obliga a Paraguay a vender a Brasil el excedente de su cuota de energía producida en la represa a precios preferenciales.
El año pasado, ambos países acordaron elevar las tarifas pagadas por Brasil para los próximos tres años, que aumentaron 2,5 dólares, hasta los 19,28 dólares por kilovatio.
Además, firmaron un instrumento de entendimiento para modificar el anexo C, lo que permitirá a Paraguay vender libremente el excedente de su energía al mercado brasileño, regulado o no regulado.
