Singuilucan, Hgo.- El municipio de Singuilucan amaneció este miércoles 23 de abril sin la posibilidad de que las autoridades locales pudieran despachar en el palacio municipal, además de que sus cuentas fueron congeladas, luego de un embargo por laudo laboral, por parte de ex trabajadores de gobiernos municipales anteriores que, en conjunto, ganaron la demanda por más de 21 millones de pesos.
En entrevista, la presidenta municipal, Yazmín Dávila, manifestó que, en su figura como mandataria, asumirá la responsabilidad respectiva, sin embargo, aseguró que trabajaran para impedir que este grupo de personas dañe de esa forma las arcas y propiedades del municipio, pues lo han convertido en un “modus vivendi”.
Recordó que estos 30 trabajadores demandaron y el proceso avanzó hasta un laudo en el 2022; no obstante, solo con seis de dichos trabajadores se pudo negociar, pero el resto no lo hizo así, exigiendo el pago completo establecido en la demanda.
“Hago énfasis en la opacidad total y mal manejo de la anterior administración, la falta de estrategia legal y política donde ellos no actuaron con ganas de arreglar el problema como muchos otros… Yo desde antes de asumir la candidatura y después la presidencia supe que el tema de laudos y de corrupción serían los dos talones de Aquiles que enfrentaríamos en el municipio”, aseguró la alcaldesa.
Dijo que les da la razón a los ex trabajadores cuando señalan que hubo omisión y que nadie los escuchó, ya que no hubo por parte del gobierno anterior, una estrategia clara y ganas de negociación.
“Los que vamos a pagar somos los singuiluquenses, porque esto sale de la bolsa del pueblo, no de los alcaldes”, lamentó.
Refirió que buscó dialogar y negociar con los demandantes, pero ellos manifestaron que querían todos los bienes enlistados en el embargo, ni un solo peso menos. “En un momento intentaron sobornarme que yo simulara que les pagara el 100 por ciento y que ellos me daban el 20 por ciento de lo recuperado y me dí cuenta que ellos no querían negociar y que están haciendo negocio de todo esto”, dijo la alcaldesa.
“Consientes estamos como autoridad que tenemos que hacer frente y quiero que entiendan los singuiluquenses que tenemos que pagar, no estamos en un tema de que no podemos, ya es una obligación; pero sí como ciudadana, me lleno de impotencia, de coraje que estas personas están aprovechando de esto, de hacer un negocio, de agarrar esto como un “modus vivendi”, y eso no lo vamos a permitir”.
Aseguró que hay irregularidades en estas demandas laborales que el municipio va a poner sobre la mesa y que hay espacios e inmuebles que son “inembargables”, como las dos hectáreas destinadas para panteón, exigen también la plaza principal, la presidencia, el auditorio, la capilla de San Joaquín, el Centro de Salud de la comunidad del Susto, entre otras.
También exigieron las cuentas del municipio y “ellos saben que Singuilucan no es un municipio con recursos grandes…”
“Estamos iniciando los procedimientos legales para defendernos, porque son cuentas bancarias que están al servicio del pueblo, no al servicio de ellos; cuentas que usamos para pagar servicios de seguridad, de alumbrado, basura, los caminos; no es un dinero que a ellos les pertenezca”, subrayó.
“Como funcionaria y autoridad estoy consciente y acato las responsabilidades y que tengo que pagar, pero no de la manera tan rapaz como ellos pretenden hacerlo. Nos vamos a defender y que el municipio tenga la tranquilidad de que esto se va a resolver y que a la brevedad se empiecen a reanudar los servicios”.
“Un servidor público no puede vivir del erario del pueblo, ya se le dio la oportunidad de trabajar y que se siente el precedente de que los presidentes municipales tenemos que crear mecanismos para suprimir a estos “vividores del pueblo”, remató.
