IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
Las madres buscadoras de México arriesgan sus vidas durante años para encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos, realizando búsquedas en hospitales, penales y en las calles, ante la falta de avances del Estado, ejemplos como Alicia Trejo, que lleva 14 años buscando a su hijo, y Martha Angélica Martínez y María de la Luz Solís, quienes también llevan años en esta lucha, reflejan su resistencia, fe y compromiso en medio de la incertidumbre y el dolor.
El informe de Amnistía Internacional resalta el papel fundamental de las mujeres en la búsqueda de personas desaparecidas en México, liderando más de 234 colectivas a nivel nacional, ellas enfrentan riesgos graves y violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados; desde 2011, al menos 30 familiares de personas desaparecidas, de los cuales 16 son mujeres, han sido asesinadas por su labor.
Su trabajo se desarrolla en un entorno hostil marcado por discriminación estructural basada en género, etnia, orientación sexual, identidad de género y condición socioeconómica, que aumenta su vulnerabilidad, enfrentando obstáculos adicionales como la falta de traductores para comunidades indígenas, dificultades para acceder a servicios desde el extranjero y la necesidad de tarjetas humanitarias para migrantes, limitando su capacidad de búsqueda.
Su labor tiene un alto costo en su salud física y mental, con prevalencia de depresión, insomnio y agravamiento de enfermedades, además de gastos económicos significativos que ponen en riesgo su bienestar y el de sus familias.
La violencia y la discriminación afectan no solo a las buscadoras, sino también a sus familias, impactando en la educación y salud de los niños y niñas, pese a su papel crucial, desconfían de las autoridades y rara vez denuncian, debido a la cooptación del crimen organizado en instituciones públicas y a la impunidad generalizada. Las comisiones de búsqueda, que delegan gran parte de su trabajo en estas mujeres, no garantizan protección efectiva, y las respuestas estatales, aunque reconocen su labor, presentan deficiencias, especialmente en zonas rurales, comunidades indígenas y migrantes.
El informe también señala prácticas deficientes en las fiscalías, como investigaciones estereotipadas y retrasos, y subraya las dificultades que enfrentan las familias migrantes para denunciar y seguir sus casos. En preparación para el séptimo examen periódico de México ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en 2026, el documento evidencia que, a pesar de esfuerzos gubernamentales, los derechos económicos, sociales y culturales de las buscadoras siguen vulnerados.
Muchas han perdido empleos, deben desplazarse, enfrentan problemas de salud y viven en condiciones precarias; además, instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no brindan apoyos adecuados ni suficientes, y muchas buscadoras no son formalmente reconocidas como víctimas, lo que limita su acceso a reparaciones y apoyos.
En los últimos años, al menos 19 mujeres que buscaban a sus seres queridos han muerto en condiciones peligrosas con bajos niveles educativos viviendo en pobreza antes de la desaparición, agravando su vulnerabilidad. La falta de recursos y apoyo estatal las obliga a organizarse por sí mismas, invirtiendo recursos económicos, tiempo y poniendo en riesgo su salud.
Finalmente, Amnistía Internacional recomienda fortalecer los recursos y la protección a las víctimas, garantizar el reconocimiento formal de las buscadoras, eliminar obstáculos jurídicos y culturales que dificultan su acceso a justicia y apoyos, e implementar políticas públicas con enfoque de género, interseccional y de derechos humanos. El objetivo es proteger su labor, reconocer sus derechos y mejorar sus condiciones de vida, en un contexto donde la discriminación, la violencia y la impunidad siguen siendo retos sustanciales.
