La violencia contra líderes sociales en Colombia persistió en 2025, año en que fueron registrados 165 asesinatos y 874 agresiones, lo que supone un incremento del 5 por ciento frente a 2024, según el informe anual de la ONG Somos Defensores publicado este martes.
El documento, basado en cifras del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH), advierte que la situación sigue siendo crítica, especialmente para las mujeres, que representaron el 15 por ciento de las víctimas mortales, con 27 asesinatos, un aumento del 42 por ciento respecto al año anterior.
Además, el informe alerta sobre la persistencia de altos niveles de impunidad pues entre enero de 2002 y septiembre de 2025 se contabilizaron mil 840 asesinatos de personas defensoras, de los cuales solo el 12 por ciento han llevado a sentencias condenatorias.
En esa misma línea, el documento señala que se mantiene un «preocupante índice de impunidad» cercano al 86 por ciento, al tiempo que destaca que, entre 2016 y 2025, en el 59 por ciento de los casos los autores permanecen desconocidos.
La organización advierte que este panorama refleja que «no se ha priorizado el reconocimiento y la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia».
«Dijiste que cambiarías»
El informe dedica uno de sus capítulos, titulado ‘Dijiste que cambiarías’, a cuestionar la actuación del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que no se han materializado cambios estructurales en la protección de líderes sociales.
Según la organización, persisten fallas en la implementación de medidas integrales de protección y en la respuesta institucional frente a los riesgos que enfrentan estas personas, en un contexto marcado por la expansión y disputa entre grupos armados ilegales.
En ese sentido, el informe sostiene que el incremento de la violencia responde también a «la falta de disposición para escuchar las exigencias del movimiento social».
Las amenazas continúan siendo la principal forma de violencia, al representar el 55 por ciento de los casos, seguidas de los asesinatos (19 por ciento), los atentados y los desplazamientos forzados, ambos con 8 por ciento.
En comparación con 2024, las agresiones aumentaron en varias categorías, especialmente los desplazamientos forzados, que crecieron un 64 por ciento, seguidos de los secuestros, con un incremento del 38 por ciento.
Asimismo, las amenazas subieron un 19 por ciento, los atentados un 16 por ciento, las desapariciones forzadas un 24 por ciento y los asesinatos un 5 por ciento. Las judicializaciones, que no se registraron en 2024, sumaron 15 casos en 2025.
El Cauca continúa como epicentro de violencia
El departamento del Cauca, en el suroeste, se mantiene como el más afectado, con 238 agresiones, lo que representa un incremento del 21 por ciento (41 casos más) respecto al año anterior.
En ese departamento hubo 153 amenazas, 37 asesinatos, 18 atentados, 12 secuestros, 10 desplazamientos forzados, tres desapariciones forzadas, dos casos de tortura, dos robos de información y un hecho de violencia sexual.
El informe concluye que la persistencia y el aumento de estas cifras muestran que «la violencia selectiva contra personas defensoras se ha agravado» y que las condiciones de seguridad siguen sin mejorar de manera estructural.
Sin embargo, las cifras sobre la violencia contra líderes sociales varían según la fuente.
La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció que en 2025 fueron asesinados al menos 187 líderes sociales, una cifra superior a la de Somos Defensores.
Por su parte, Naciones Unidas ha documentado al menos 972 asesinatos de defensores de derechos humanos entre 2016 y 2025, y advirtió que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta labor.
