IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023 según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el documento “La inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo”, expone que el diseño de políticas para fomentar la inclusión laboral, debe centrarse en la reducción de la desigualdad social.
Expresa que, en América Latina esta desigualdad se manifiesta en diversas dimensiones, como las económicas, de género, etarias, étnicas, raciales y territoriales, establecidas a lo largo del tiempo. Estas dimensiones interrelacionadas influyen en la capacidad de las personas para ejercer derechos fundamentales, incluido el derecho a un trabajo en condiciones justas y aceptables, lo que crea barreras significativas para ciertos grupos en su acceso al mercado laboral y a empleos dignos.
Específicamente, grupos como los jóvenes, afrodescendientes, personas indígenas, con discapacidad y migrantes, entre otros, suelen estar al margen de los empleos de alta productividad y tienen mayores tasas de trabajo informal. En este contexto, las desigualdades de género son notorias, con las mujeres enfrentando mayores niveles de exclusión.
Los jóvenes enfrentan obstáculos adicionales para ingresar al mercado laboral, resultando en tasas de desempleo juvenil que son significativamente más altas que las de los adultos. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2022, la tasa de desempleo entre jóvenes varones en 12 países de la región alcanzaba el 9.4 por ciento, mientras que la de las jóvenes era aún mayor, registrándose un 13.5.
Además, la informalidad laboral entre los jóvenes de 15 a 29 años se eleva al 53.4 por ciento, superando en 12 puntos porcentuales la tasa correspondiente a los adultos de 30 a 64 años. La pandemia de COVID-19 acentuó estos desafíos, afectando desproporcionadamente a la población joven en términos de pérdida de empleo. También preocupa el hecho de que alrededor del 23 por ciento de los jóvenes no estudian ni trabajan, y casi un 16 de las y los adolescentes no asisten a la escuela.
Esta situación afecta en mayor medida a las mujeres, muchas de las cuales no están insertas en el mercado laboral ni en formación académica, influenciadas por factores como los ingresos familiares y las condiciones étnico-raciales.
Por lo tanto, al abordar la inclusión laboral de los jóvenes, es necesario considerar trayectorias educativas y laborales que sean variadas y no lineales, lo que incluye la superposición entre educación y trabajo. Las políticas de inclusión deben incorporar una perspectiva de género y de cuidados que reconozca las distintas experiencias y trayectorias de los jóvenes.
Respecto a las poblaciones afrodescendientes e indígenas, aunque sus tasas de participación en el empleo son comparables a las de otros grupos, enfrentan barreras significativas. Las personas indígenas tienden a entrar y permanecer más tiempo en el mercado laboral, mientras que las afrodescendientes, especialmente las mujeres, sufren mayores dificultades para acceder a empleos. Ambos grupos están sobrerrepresentados en la informalidad y en trabajos de baja productividad, además de tener menor acceso a sistemas de seguridad social.
La migración también presenta un panorama complejo; aunque las personas migrantes contribuyen significativamente a sus economías de acogida, a menudo enfrentan desventajas laborales. Las mujeres migrantes, en particular, se encuentran en condiciones más precarias y sus salarios son inferiores a los de los trabajadores nativos.
En conclusión el documento señala que, para afrontar todos estos retos las políticas de inclusión laboral de los países deben implementar estrategias específicas que aborden las desigualdades estructurales que impactan a diversos grupos poblacionales, en especial aquellos reflejados en la matriz de desigualdad social.
