Ingresan reforma a la ley para combatir la violencia cometida por choferes del transporte público 

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Diputados locales de la 66 Legislatura, propusieron modificar la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo para incluir un enfoque de prevención, educación emocional y sanciones más severas para los casos en que las infracciones de tráfico den como resultado comportamientos violentos. 

Al respecto, Carlos Alejandro Alcántara Carbajal, de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que se parte del principio de que la violencia al volante no es solo un problema de tránsito, sino un fenómeno social prevenible a través de políticas públicas, formación obligatoria, protocolos institucionales y mecanismos de sanción proporcionales.

“El estrés vial se ha convertido en un factor de riesgo; numerosos estudios demuestran que el estrés y la impulsividad en la conducción están directamente relacionados con conductas de riesgo, accidentes y agresiones. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz ha señalado que el estrés al volante puede derivar en trastornos de ira, episodios de violencia física o verbal y reacciones desproporcionadas frente a estímulos menores”, argumentó el legislador promovente.

Y agregó que los operadores del transporte público suelen estar expuestos a largas jornadas, presión económica y condiciones de tránsito caóticas, lo que eleva su nivel de vulnerabilidad emocional por lo que enfatizó “el objeto de la presente iniciativa es reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo con el fin de establecer mecanismos preventivos, formativos y sancionadores que permitan atender y reducir los actos de violencia vial cometidos por conductores del servicio de transporte público, privado y complementario”.

Cabe destacar que cuando las infracciones viales deriven en conductas violentas entre conductores o contra terceros, incluyendo riñas, daños patrimoniales o amenazas, se impondrán sanciones agravadas, consistentes en la suspensión de la concesión, permiso o tarjetón por un plazo de 30 a 90 días, además de la remisión de los hechos al Ministerio Público si constituyen delito.

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