Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, sostuvo que el elevado número de denuncias penales por hechos de corrupción en la entidad no significa que exista un incremento en la corrupción, sino que actualmente se investigan y denuncian irregularidades que anteriormente permanecían archivadas.
El funcionario estatal reconoció los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que colocaron a Hidalgo en el primer lugar nacional por tasa de víctimas de corrupción, con 21 mil 452 por cada 100 mil habitantes que realizaron trámites o tuvieron contacto con autoridades, cifra que superó en 37.1 por ciento el promedio nacional de 15 mil 642.
El indicador señalado por Bardales Ramírez en conferencia de prensa representa un incremento de 63.7 por ciento respecto de 2023, cuando se registraron 13 mil 107 víctimas por cada 100 mil habitantes, cabe destacar que, además, el INEGI identificó a Hidalgo entre las entidades donde el aumento resultó «estadísticamente significativo», lo que documenta un crecimiento en las experiencias de corrupción reportadas por la población y no solamente en la percepción ciudadana.
Irregularidades sin consecuencias
Sin embargo, el secretario enfatizó: «quiero ser claro, esto no significa que haya mayor corrupción, no es que denunciemos nosotros mayores actos de corrupción porque tengamos mayor corrupción» y aseguró que Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en denuncias penales de esta naturaleza.
De la misma forma, argumentó que durante años las irregularidades detectadas mediante auditorías permanecían en los expedientes sin consecuencias, mientras que ahora se investigan, documentan y denuncian cuando existen elementos suficientes para proceder legalmente.
Aunque las denuncias penales presentadas por el gobierno estatal y la tasa de víctimas registrada por el INEGI corresponden a indicadores distintos, las cifras oficiales documentan un incremento en las experiencias directas de corrupción durante trámites y contactos con autoridades, independientemente de las investigaciones realizadas por la Contraloría.
Denuncias y logros
Finalmente, el funcionario informó que la administración estatal acumula 97 denuncias penales por presuntos hechos de corrupción, que involucran recursos por 2 mil 400 millones de pesos, de las cuales 42 están relacionadas con proveedores y ex servidores públicos de siete dependencias, tres organismos y 10 municipios.
Asimismo, destacó la recuperación de cerca de 500 millones de pesos y señaló que las investigaciones han derivado en detenciones de ex presidentes municipales y sentencias de hasta 13 años de prisión por delitos relacionados con corrupción.
