El presidente está confundido. Me refiero a su idea de la corrupción, el cáncer que en plena metástasis invade el cuerpo de México. Hace unos días la reiteró en el Foro Económico Mundial en Cancún: él piensa que es un fenómeno cultural que persiste porque tenemos una sociedad renuente a cumplir las buenas leyes que tenemos.
Por cierto, el refrán de “los bueyes de mi compadre” que soltó ahí de manera jocosa aunque un tanto imprecisa, como aquel de “el que hambre tiene en pan piensa” que dijo en Sinaloa, parecen inscribirse en una nueva estrategia de sus asesores de imagen que pretende darle un talante menos acartonado y más simpático. Si es así, la apuesta es muy riesgosa. Y es que para ejecutarla exitosamente Enrique Peña Nieto tendría que ser espontáneo y eso implica hablar sin teleprompter. A veces los spin doctors hacen scripts, preparan bromas y hasta consiguen patiños para proyectar espontaneidad en sus jefes, pero lo hacen con mucha cautela porque saben que más pronto cae un dicharachero artificial que un cojo.
Regreso al tema. La corrupción forma parte de la cultura popular mexicana, ciertamente, pero ese no es su origen. No hay que confundir el efecto con la causa, que en este caso es el error de establecer normas demasiado alejadas de la realidad. No me canso de repetirlo: cuando prevalece el esteticismo legislativo y la ley se elabora con criterios irrealistas —ya sea como proyecto de nación a futuro o con laberintos reglamentarios y burocráticos— se abre un vacío que se llena con códigos de reglas no escritas, que son los que se aplican y cumplen cotidianamente. Y la autoridad, a fuerza de actuar así durante mucho tiempo, orilla a los estratos sociales a adaptarse a la ilegalidad, cada uno a su modo. Es entonces cuando corromper y corromperse se vuelve inercia.
La distinción es tan sutil como relevante, y de ella depende que se idee correctamente el combate a la corrupción. Si su raíz está en incentivos racionales perversos —es irracional cumplir la ley cuando evadirla o violarla da muchos beneficios y no tiene costos—, su remedio está en acercar la norma a la realidad, simplificarla e incentivar la legalidad. Es decir, el problema de fondo no se resuelve con educación, como sugiere el presidente, sino con leyes e instituciones bien diseñadas que hagan que la deshonestidad sea más impráctica e inconveniente que la honradez. Y por supuesto, con voluntad política para contrarrestar la impunidad. Por lo demás, la sociedad no sólo tiene que participar en esta lucha: debe encabezarla. Pero si intenta abandonar sus propias prácticas tramposas —la mordida no pedida, la evasión de impuestos, los kilos de 900 gramos y un largo etcétera— sin antes presionar a las autoridades para que modifiquen las condiciones que dan sustento al mantra de que el que no transa no avanza, estará arando en el mar. Una vez que la presión social obligue a erradicar los estímulos negativos y logre que los políticos corruptos vayan a la cárcel o al menos vean truncada su carrera, inculcar ética en las nuevas generaciones será más fácil.
El concepto de corrupción de Peña Nieto es engañoso. Asumirla como una mera expresión cultural y social nos remite a la aceptación de algo arraigado e ineluctable. Eso sí, la confusión resulta conveniente: si la tarea es de tan largo plazo, tendremos que resignarnos a las prácticas corruptas en este gobierno. Yo me pregunto: ¿será que no ha funcionado el control de daños por el escándalo de la casa blanca y sus secuelas, al que se suman ahora las grabaciones reveladas la semana pasada de conversaciones telefónicas de directivos de la empresa OHL y un funcionario del Estado de México, y se busca una narrativa más “estructural”? Lo cierto es que esa lógica culturalista embona bien en aquellos que se formaron en una tradición de corrupción política institucionalizada, a la que no conciben como problema sino como solución.
@abasave